Alerta laboral por el coste laboral del final del primer peaje en Cataluña

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El 31 de diciembre, Cataluña vivirá por primera vez al final de un peaje: el del tramo sur de la AP-7, entre Cambrils y Alicante. Un hecho inédito que ha reabierto el debate sobre el pago en carreteras de alta velocidad. El martes, el gobierno español admitió la posibilidad de implementar el pago, aunque con un monto simbólico, en todas las carreteras de alta capacidad del Estado. Pero nada está decidido, y el final de la concesión del tramo sur de la AP-7 y la de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz ha disparado las alarmas entre los empleados del concesionario Abertis.

El Sindicato de Sindicatos (USO) dijo el jueves que 150 puestos de trabajo se verán amenazados por el fin de la concesión de estas dos autopistas el 31 de diciembre. "No es una cuestión de peaje o no, es un tema de política que no permite expresemos nuestra opinión ", dijo ayer el sindicato en un comunicado. "Solo pedimos que los trabajadores no permanezcan como el eslabón más débil en toda la reestructuración del sector, que esta reconversión del modelo se realice de manera ordenada", dijo el jefe del sector de autopistas de Jesús Atienza.

Aunque las empresas concesionarias se han comprometido a mantener la ocupación de los trabajadores afectados, desde la USO les preocupa la ocupación de los 150 trabajadores que asisten a distancia y monitorean las cabinas de recolección. "Para estos trabajadores no nos dan una salida y estamos luchando por la garantía de empleo para todos ellos. Solicitamos una mediación con Abertis para reubicar al grupo", dijo Atienza.

"Hay trabajadores que podrían estar desempleados cuatro meses después si la empresa y la administración no mueven el archivo", dijo Atienza. Además, el funcionario sindical advirtió que la situación podría empeorar mucho en 2021, cuando terminen otras concesiones importantes de Abertis, como el tramo norte de la AP-7, entre Jonquera y Salou, la AP -2 entre la barrera. del Mediterráneo y Zaragoza, las dos concesiones del Estado, y la C-32 norte entre Montgat y Palafolls, que es la concesión de la Generalitat.

"El sangrado será peor el próximo año", dijo el gerente de la autopista USO, que pidió a los gobiernos español y catalán que "enhebran la aguja" para resolver el problema.

Precedente de la AP-1

Solo hay un precedente para el fin de una concesión de autopistas en España. Fue el año pasado, el 30 de noviembre, cuando se vivió el final del peaje en la sección Burgos-Armiñón de la AP-1. En este caso, la empresa y los trabajadores terminaron acordando una regulación de la regulación del empleo: 62 empleados continuaron su trabajo de mantenimiento, pero 44 empleados de las casetas de peaje fueron a la calle, y un empleado solicitó la baja voluntaria

En el caso de la AP-7 y la AP-4, el ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez aprobó a principios de este mes la licitación de los contratos para la conservación y explotación de los tramos de las autopistas que pasarán a será administrado por el Estado a partir del 1 de enero de 2020 y en el cual se eliminará el peaje.

La portavoz ejecutiva española, Isabel Celaá, declaró durante la conferencia de prensa después del Gabinete que "esta operación no dañará a nadie" porque el gobierno español planea subrogar a los trabajadores. Pero los sindicatos ya advirtieron que una cosa es el mantenimiento y la operación de los empleados de la carretera, y otra que ocupa puestos dentro de la empresa concesionaria que no está vinculada a estas tareas, y que el futuro no ha sido aclarado.

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