Apelación determina que el gobernador no puede emitir órdenes que regulen la conducta

Si bien un panel de jueces de la Corte de Apelaciones desestimó una acción de impugnación de órdenes ejecutivas y administrativas emitidas para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19concluyó que ni el gobernador Pedro Pierluisi ni la Secretaria de Salud, Carlos Melladoestán facultados para dictar lineamientos que constituyan regulación de la conducta de los ciudadanos en general y de terceros.

La sentencia, emitida anteayer, establece que, si bien las medidas adoptadas no son inconstitucionales, “la forma en que fueron adoptadas no se ajusta a lo dispuesto en la ley para la promulgación de normas que afecten los derechos de los ciudadanos”.

La acción desestimada fue interpuesta, en julio de 2021, por Lourdes Amadeo Ocasio y otros querellantes mediante sentencia declaratoria, medida cautelar y daños y perjuicios contra el Estado.

Algunos demandantes afirmaron ser padres de estudiantes que argumentaron que se les había exigido tener la vacuna COVID-19 y usar una máscara para regresar a la escuela en persona. Otros afirmaron ser estudiantes universitarios sujetos al mismo requisito, mientras que algunos dijeron que eran docentes a los que se les exigía tener la vacuna para volver al trabajo.

Entre los decretos impugnados se encuentra el decreto ejecutivo 2021-54, que delegó a Mellado establecer lineamientos, lineamientos, protocolos y recomendaciones para atender la emergencia del COVID-19.

En cuanto a los daños alegados, el panel de jueces coincidió con el Juzgado de Primera Instancia, que ya los había sobreseído por no tener un daño irreparable.

Por escrito, Pierluisi indicó que el Recurso validó la constitucionalidad de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. También dijo que dictaminó que los demandantes no pueden intentar impugnar legalmente la política de salud pública elegida por el gobierno.

“Sin embargo, no estamos de acuerdo con la determinación sobre la facultad del gobernador para emitir órdenes ejecutivas, pues entendemos que existe una amplia justificación legal. Por eso el gobernador va a estar solicitando al fiscal general que vaya a la Corte Suprema”, dijo Sheila Angleró, secretaria de prensa de La Fortaleza.

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