Centro de Salud de la Mujer de West Virginia, et al. contra Charles Miller, et al.

Tras la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular Roe v. Wade, la decisión histórica que reconoció el derecho al aborto de millones de estadounidenses durante casi cinco décadas, los proveedores médicos y defensores de West Virginia presentaron una demanda el 29 de junio de 2022 para evitar la aplicación de una arcaica y cruel prohibición del aborto en un tribunal estatal.

El temor a ser procesado en virtud de esta ley obsoleta ya ha obligado a la única clínica de abortos del estado a suspender los servicios de aborto y rechazar a las pacientes que buscan atención esencial. El estatuto en cuestión, promulgado por la legislatura estatal en la década de 1800, no solo penalizaba la provisión de servicios de aborto, sino que también se usaba para castigar a la persona que buscaba el aborto (e incluso a sus parejas).

La demanda argumenta que el estatuto debe considerarse nulo según la doctrina de “derogación por implicación”, un concepto legal reconocido en los tribunales de Virginia Occidental que sostiene que una ley anterior se anula cuando se aprueba una ley más nueva y conflictiva. Los legisladores de Virginia Occidental han aprobado ley tras ley a lo largo de los años que regulan la provisión del aborto legal, y muchas de ellas entran en conflicto con las disposiciones del estatuto penal del aborto.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de West Virginia (ACLU-WV), Mountain State Justice (MSJ) y el bufete de abogados Cooley presentaron la demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Kanawha el miércoles 29 de junio de 2022 en nombre de Women’s Health Center of West Virginia (WHC) y su personal.

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