Confusión sobre el aborto en Virginia Occidental

Los formuladores de políticas públicas de West Virginia necesitan un sentido de urgencia sobre el aborto.

Anulación de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de la semana pasada Roe contra Wade y enviar la cuestión del aborto de vuelta a los estados ha creado confusión legal en el Estado de la Montaña.

La única clínica de abortos del estado, el Centro de Salud de la Mujer de West Virginia en Charleston, anunció poco después de la decisión que dejaría de realizar abortos debido a una ley existente que convertía el procedimiento en un delito grave.

Así que la clínica está operando bajo la suposición, presumiblemente para evitar que los miembros de su personal vayan a prisión, que los abortos ahora son ilegales en Virginia Occidental.

Sin embargo, dos abogados que han investigado la historia legal de la lucha contra el aborto en el estado me han llamado la atención sobre una decisión de un tribunal federal de hace casi cincuenta años que bloqueó la aplicación de esa ley.

En 1975, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos en Jane Doe contra el Centro Médico del Área de Charleston dictaminó que la ley estatal contra el aborto era inconstitucional y ordenó una medida cautelar que impedía el cumplimiento de la ley. Ese mandato sigue vigente hoy, lo que significa que la ley puede ser inaplicable.

Trece estados tenían leyes vigentes que fueron diseñadas para ser “activadas” y entrar en vigor automáticamente, o mediante una acción estatal rápida, si es necesario. Hueva fue anulado: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. Virginia Occidental no adoptó una ley de activación, por lo que la orden judicial federal crea incertidumbre aquí.

Esta situación confusa deja a todos los lados del tema del aborto en una sacudida.

En primer lugar, es necesario revisar la orden judicial. Una parte interesada debe presentar ante un tribunal federal de West Virginia un juicio declarativo para determinar si el estatuto existente es ejecutable o no.

En segundo lugar, el fiscal general Patrick Morrisey debería emitir su opinión lo antes posible (prometió que se conocería esta semana), brindando claridad legal y orientación a los legisladores.

En tercer lugar, el Gobernador de Justicia y los líderes legislativos deberían trabajar horas extras para elaborar un nuevo proyecto de ley sobre el aborto, generar consenso y luego convocar una sesión especial para aprobar una nueva ley. Esa ley debe proporcionar claridad sobre una serie de preguntas, incluidas las excepciones permitidas, si las hay, si será legal que las mujeres de Virginia Occidental obtengan medicamentos abortivos aprobados por la FDA y si el estado intentará enjuiciar a las mujeres que viajan a través de las fronteras estatales para buscar un aborto.

La confusión es comprensible, pero también insostenible. El fallo de la Corte Suprema puso el tema del aborto directamente sobre los hombros de los estados. Virginia Occidental tiene una antigua ley draconiana, un mandato federal puede estar bloqueando su aplicación y desde entonces se han aprobado nuevas leyes contradictorias. Hueva.

No existe una solución fácil para el problema emocional del aborto, pero las vidas de las mujeres de Virginia Occidental y sus hijos por nacer están en juego. Entonces, ambos lados del debate deberían estar interesados ​​en una resolución expedita y reflexiva.

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