Dakota del Sur viola la ley de registro de votantes

SIOUX FALLS, SD (AP) — Un juez dictaminó el jueves que Dakota del Sur está violando las leyes federales al no facilitar el voto.

El juez federal de distrito Lawrence Piersol de Dakota del Sur se puso del lado de dos tribus de indios americanos, los Rosebud Sioux y los Oglala Sioux. Las tribus argumentaron en una queja de 2020 que la oficina del secretario de estado de Dakota del Sur no se adhirió a la Ley Nacional de Registro de Votantes.

La ley requiere que las agencias estatales ayuden a los residentes a registrarse para votar cuando interactúan con agencias gubernamentales para otros servicios.

Piersoll escribió en su opinión que la oficina del secretario de estado no había proporcionado información adecuada a los auditores del condado y otras agencias estatales que les ayudaría a cumplir con la ley federal.

El secretario de Estado, como principal funcionario electoral responsable de la implementación de la Ley Nacional de Registro de Votación, “contribuyó a estas fallas a través de una capacitación y supervisión inadecuadas”, escribió Piersol.

El secretario de Estado Steve Barnett no respondió de inmediato a un correo electrónico de Sioux Falls Argus Leader en busca de una reacción al fallo.

Las licencias y los beneficios públicos son administrados por el departamento estatal de seguridad pública y el departamento estatal de servicios sociales. Piersol dijo que la oficina del secretario de estado no estaba proporcionando suficiente supervisión para garantizar que esas oficinas cumplieran con esos deberes.

Piersol también descubrió que, si bien el departamento de seguridad pública era responsable de transmitir los registros de votantes al auditor del condado, numerosos errores impedían que se llevara a cabo ese proceso. Agregó que el departamento de servicios sociales no estaba cumpliendo con la ley porque no estaba cambiando las direcciones de registro de votantes cuando aquellos que reciben cupones de alimentos u otras ayudas cambian sus direcciones por teléfono.

Además, el juez determinó que los empleados estatales se han negado por error a brindar servicios de registro a los delincuentes condenados que son elegibles para votar.

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