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El subaster esta de vuelta | Economía

La recuperación económica vuelve a tropezar con los más vulnerables. El continuo aumento del precio de la vivienda en los últimos cuatro años en grandes ciudades como Madrid y Barcelona está teniendo un efecto perverso en las familias en los procesos de desalojo. En los momentos más graves de la crisis y tras el trastorno social que causó la avalancha de desalojos, el Gobierno del PP aprobó en 2012 un decreto de protección de deudores hipotecarios sin recursos que incluía una moratoria para evitar la expulsión de familias por ejecuciones hipotecarias

La moratoria, que se ha extendido en sucesivas ocasiones y será válida hasta mayo de 2020, establece la posibilidad de suspender los lanzamientos de familias en riesgo de exclusión debido a su bajo nivel de ingresos o vulnerabilidad especial. Hasta 2017, la moratoria evitó 27,400 desalojos, aproximadamente 38,500 reestructuraciones de deuda y 7,000 pagos en pagos. Sin embargo, solo en los cuatro años anteriores hubo más de 130,000 lanzamientos familiares.

Para calificar para la moratoria es necesario que la casa subastada haya sido otorgada al banco oa la persona que actúa en su nombre. Pero si el piso es adquirido por un tercero, como es el caso del subaster, la moratoria no es operativa. Javier Rubio, abogado de numerosas familias desalojadas, subraya esta indefensión: "Ahora, con la recuperación de los precios en algunas zonas de Madrid, ha reaparecido el submarino, tengo casos en que los subsuelos se han mantenido por debajo del precio de mercado y han sido capaz de hacer un buen negocio ". La ley dejó un peligroso agujero a la derecha de la vivienda.

Es una prueba más de que el problema de la vivienda no se resolverá con la mejora de la economía. Es un tema que afecta a las principales ciudades europeas. Anke Hassel, en La crisis de la globalización de la Europa social, recuerda que Alemania necesita más de dos millones de hogares asequibles. Afirma que la escasez "no ha sido causada por la emigración, sino por decisiones gubernamentales que pusieron fin a la vivienda social en la década anterior". En el Reino Unido, el gasto público en vivienda cayó un 51% en comparación con la década anterior, según el Instituto de Estudios Fiscales. En España, las viviendas protegidas iniciadas en 2017 se han reducido a menos de 5.000, en comparación con 85.000 de los 20 años anteriores.

El abandono de la vivienda por parte de los Estados es una gran oportunidad para que la UE actúe. No hay falta de recursos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha comenzado a financiar viviendas municipales en Málaga, Stuttgart o Berlín. El programa de asociación público-privada para viviendas sociales en Dublín es relevante, a través del BEI, el Banco de Irlanda, Macquairie Capital y el Banco de Desarrollo de Corea. El BCE, que financia grandes empresas privadas, debería adquirir deuda municipal para financiar viviendas públicas. Esta es la Europa que los ciudadanos entenderían.

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