Estados Unidos exige una mayor presión de México en la lucha contra el narcotráfico | Internacional

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La relación entre México y Estados Unidos entra en una nueva fase. A mediados del año electoral, Washington aumentó las demandas al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. El Ejecutivo de Trump espera que un aumento de la presión contra el narcotráfico obtenga resultados como los logrados en la migración, donde los mexicanos han reducido el flujo a la frontera de los Estados Unidos entre mayo y diciembre de 2019 con mano dura.

Esta presión sobre México ahora es personificada por el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, quien terminó su segunda visita al país el viernes de la semana pasada. El jefe del Departamento de Justicia se reunió durante la semana con funcionarios de la Administración mexicana para exigir un freno al tráfico de fentanilo, un opioide sintético de China. Como moneda, los funcionarios mexicanos, encabezados por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, solicitan concreción en las operaciones que deben reducir el flujo de armas que viajan desde los Estados Unidos hacia el sur y alimentan la potencia de fuego de los carteles. Barr visitará México nuevamente en febrero, donde sostendrá una nueva reunión con sus homólogos locales.

Por ahora, México ha aumentado el ritmo de sus extradiciones al norte. El lunes 13 de enero, las autoridades mexicanas entregaron ocho delincuentes a los Estados Unidos. Entre ellos, Gilberto Barragán Balderas, líder del Cártel del Golfo y uno de los diez delincuentes más buscados por el capítulo de Texas de la agencia estadounidense de drogas (DEA). Los bonos también fueron extraditados de organizaciones criminales como el Cartel de Juárez y la Línea, que operan en el norte de México y en el área de la frontera común.

Las autoridades estadounidenses también recibieron esta semana a José Sánchez Villalobos, conocido como El señor de los túneles, del Cartel de Sinaloa. Villalobos es considerado un operador de alto nivel dentro de la estructura criminal y se enfrenta a un juicio en los tribunales de California por tráfico de drogas a través de dos túneles que conectaban Tijuana, en México, con San Diego, en California. Uno de ellos tenía 122 metros de largo. El juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, no ha puesto fin a la ofensiva legal contra el Cartel de Sinaloa.

En diciembre pasado, y casi en medio de un silencio absoluto, México entregó a Ismael Imperial Zambada, uno de los hijos de Ismael, a los Estados Unidos. Mayo Zambada, el veterano líder del Cartel de Sinaloa y uno de los señores más poderosos de México junto con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. Zambada imperial, llamada Mayito gordoCumplía una pena de prisión de diez años en México y había estado luchando durante cinco años en los tribunales locales para evitar su viaje a los Estados Unidos, donde también lo exige un tribunal de California.

Es en este contexto que se inserta el caso que la fiscalía de Nueva York está construyendo contra Genaro García Luna, un destacado oficial de seguridad durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. García Luna, quien estuvo a cargo de la estrategia antidrogas entre 2006 y 2012 con la ayuda de la DEA y el FBI, fue arrestado a principios de diciembre en Texas y acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la organización criminal encabezada por El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. Este martes, el ex secretario de Estado verá al juez Brian Cogan, el juez de distrito con sede en Brooklyn que presentó el juicio contra El Chapo por primera vez.

Posible acuerdo

Nada garantiza que México sea testigo de un proceso judicial contra García Luna similar al de Joaquín Guzmán. La defensa de García Luna probó durante enero con las autoridades estadounidenses la posibilidad de un acuerdo para evitar, a cambio de una pena reducida, un proceso público que tendría un impacto importante en el país y arrojaría nueva luz sobre la corrupción política en México. Hasta ahora, el Fiscal del Distrito Este de Nueva York no ha rendido y prepara evidencia “voluminosa” para probar la conducta criminal de García Luna durante “dos décadas”. Estos hallazgos se basarían en evidencia obtenida con registros fiscales, de propiedad y de datos obtenidos en otros países.

El presidente López Obrador dijo a principios de este año que el eventual juicio de Estados Unidos contra García Luna es más importante que el caso Odebrecht, que ha desmantelado un complot de corrupción entre los gobiernos locales y la empresa constructora brasileña en varios países latinoamericanos. El expediente contra el ex director de la petrolera mexicana Pemex, Emilio Lozoya, está abierto en la Fiscalía por lavado de dinero, pero el presidente parece tener más esperanzas de lo que puede revelarse en el tribunal del juez Cogan.

El juicio de García Luna

El juicio contra García Luna podría ser histórico. Las partes han solicitado al juez Cogan 60 días desde la audiencia del martes para poder dar forma a sus estrategias y reunir pruebas. El proceso se decretará como “complejo” para la cantidad de información que pueda salir a la luz. El gobierno de los Estados Unidos ha informado al tribunal que, además de la evidencia obtenida en varias investigaciones, utilizará información clasificada y protegida entre sus herramientas.

El juez Cogan no podrá evitar la controversia política que siempre mantuvo a raya en el juicio de El Chapo Guzmán, donde detuvo a los testigos que, desde el podio, comenzaron a hablar sobre sobornos al mundo político mexicano. El togado recordó que este era un proceso sobre actos criminales y homicidios y no sobre corrupción. Sin embargo, el eventual proceso para García Luna no dejará otro camino que tocar un tema espinoso.

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