January 22, 2020

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Fiscales | Opinión | EL PAÍS Cataluña

La propuesta de nombramiento del nuevo Fiscal General por parte del nuevo Gobierno ha provocado descalificaciones crecientes, severas críticas y sospechas preocupantes. A pesar de las críticas legales, éticas y estéticas, no hay incompatibilidad legal o impedimento para el nombramiento del Ministro de Justicia para ser nombrado Fiscal General. Según la Constitución, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, y elegido entre los abogados españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de práctica profesional, después de escuchar al Consejo General del Poder. Judicial. El nuevo Procurador General cumplirá estos requisitos, como seguramente sabrán los críticos. Pero los críticos, excepto los más tontos, no se refieren a la presunta ilegalidad del nombramiento, porque no hay ninguno, sino a la sospecha de que, debido a su proximidad política, podrían someterse voluntariamente al control del Gobierno al que él se dirige. perteneció recientemente.

Desde 2007, con Zapatero a la presidencia, el Gobierno ha podido elegir, pero no puede destituir al Fiscal General.

Esta sospecha concreta se intensifica al agregar otra sospecha histórica, aparentemente aún sin resolver, que proviene del Ministerio Público. Los representantes del rey ante la corte ya existían en la Edad Media. La Revolución Francesa transformó esta antigua institución en un instrumento del poder ejecutivo dentro del poder judicial. Esto ha persistido a través de la influencia napoleónica en muchas organizaciones judiciales europeas del siglo XIX. En 1870, en España, la Ley Orgánica del Poder Judicial le otorgó al fiscal la misión esencial de representar al Gobierno en sus relaciones con el poder judicial. Esto se repitió en 1926, en el primer Estatuto Orgánico de la Fiscalía, de la dictadura de Primo de Rivera. El Ministro de Justicia podría dar órdenes al fiscal, lo que es inexcusable. Solo la Constitución republicana de 1931 rompió con esa antigua dependencia, estableciendo explícitamente la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno. El régimen de Franco volvió al modelo en 1926, pero en 1967 reemplazó la fórmula de “órgano de gobierno” con “órgano de comunicación de gobierno con los tribunales”. Así expresó, sin ninguna dificultad, el papel de portavoz, que fue claramente significativo para el uso político planeado para la institución.

El proyecto de Constitución de 1978 estipulaba que el jefe máximo de la Fiscalía debía ser designado por el Consejo General del Poder Judicial, para otorgar a la Oficina del Fiscal una calidad de independencia paralela a la del poder judicial. Sin embargo, esta tesis republicana volvió a fracasar y logró regresar a la Fiscalía, aunque con una dependencia matizada del Ejecutivo. El Gobierno podría proponer y destituir al Fiscal General. Esta supervivencia de la institución, típica de la antigua institución, duró hasta 2007. Una ley de Rodríguez Zapatero fortaleció la autonomía de la Fiscalía. Desde entonces, el Gobierno tiene una opción, pero no puede destituir al Fiscal General. El cargo dura cuatro años, lo que significa una cierta garantía de inmovilidad y, por lo tanto, de independencia. Además, el Gobierno ya no puede dar órdenes. Solo puede estar “interesado” en actuar, y el Fiscal General debe escuchar a la Junta de Fiscales y responder al Gobierno por escrito, aceptando o no motivando lo que le interesa. Los fiscales, a su vez, tienen una especie de objeción de conciencia. que los responsabiliza en caso de posibles órdenes superiores que sean ilegales o contrarias a la ley. La Fiscalía es hoy una institución jerárquica, pero equipada con mecanismos que garantizan la legalidad y la imparcialidad. Queda muy poco de la antigua institución autoritaria y depende del Gobierno.

La Fiscalía, hoy, es una institución jerárquica, pero equipada con mecanismos que garantizan la legalidad y la imparcialidad.

No tengan miedo de quienes sospechan que el Gobierno continuará controlando la Oficina del Fiscal, porque las viejas reglas de dependencia entraron en los cajones de la historia en 2007. Pero esta antigua sospecha nunca ha preocupado a quienes casi siempre pueden ejercer esto. controlar. Estos son los que ahora sospechan que el nuevo fiscal cederá ante reclamos gubernamentales inapropiados. Ellos son los que hacen presunciones impertinentes, previendo que el nuevo fiscal prevalecerá para favorecer los intereses del Gobierno y su entorno. Sin embargo, sus presunciones ocultan su verdadero temor a la posibilidad de un sesgo progresivo en la interpretación de las leyes y en la resolución de conflictos que debe abordar la Fiscalía. Tienen todo el derecho de permanecer en el miedo, incluso si no hablan abiertamente. Del mismo modo, la mayoría de los ciudadanos también tiene derecho a esperar que este sesgo progresivo, firmemente establecido en la Constitución, arraigue, permanezca y sea fructífero.

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