Las pensionistas de Euskal Herria, que luchan por equiparar la pensión mínima al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), han expresado su crítica hacia el Gobierno Vasco y la Maratón EITB de este año, centrada en el envejecimiento saludable. Argumentan que, con pensiones consideradas de subsistencia, es imposible alcanzar una vida y un envejecimiento verdaderamente saludables. Esta afirmación se alinea con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la concibe no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar físico, mental y social, esencial para el desarrollo personal.
Sin embargo, el modelo biomédico predominante aún define la buena salud como la ausencia de dolor, enfermedad o defecto. Esta perspectiva tiende a excluir del sistema sanitario aquellos aspectos que no se consideran enfermedades. Esta problemática no es reciente. En 1981, el psiquiatra Barsky ya alertaba en una prestigiosa publicación médica sobre la necesidad de integrar los factores angustiantes en la investigación médica, como única forma de comprender las necesidades de salud del 40-60% de los pacientes que son catalogados como “hiperdemandantes”. Una tesis doctoral realizada en 1995, sobre el uso de los servicios de Atención Primaria de Salud (APS), confirmó que el estrés –una respuesta fisiológica, no una enfermedad en sí misma– era el factor más asociado a la utilización excesiva de las consultas médicas.
Es importante considerar que las situaciones de vulnerabilidad social que generan estrés activan la amígdala cerebral, nuestro sistema de alarma interno, lo que a su vez activa el sistema nervioso simpático (liberando adrenalina) y la secreción de cortisol. Tanto la adrenalina como el cortisol provocan cambios bioquímicos que, incluso sin la presencia de enfermedad, pueden manifestarse como síntomas comunes en APS, como mareos, dolores de cabeza, cervicales, cansancio o diarrea. Estos mismos síntomas, no obstante, pueden ser la primera señal de una enfermedad grave. Además, estos factores actúan como riesgos importantes para el desarrollo de enfermedades cardíacas, síndromes metabólicos, enfermedades inflamatorias y trastornos mentales, entre otras.
Osakidetza declara reconocer la importancia de los determinantes sociales de la salud y promueve la estrategia de “salud en todas las políticas”. No obstante, su aplicación en las consultas de APS es limitada. Esto deja fuera a personas que, aunque no estén enfermas, presentan síntomas, factores de riesgo, una baja calidad de vida relacionada con la salud y una mayor probabilidad de enfermar. Se incluyen en este grupo las 100.000 personas que sobreviven con pensiones de subsistencia y las 875.000 en riesgo de pobreza, según el último informe de Cáritas. En definitiva, personas excluidas de la atención en APS. ¿Es esta la situación que deseamos?
El Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, EITB informó que el 40% de las consultas en APS (un porcentaje similar al detectado por Barsky) estaban relacionadas con problemas emocionales. Esta información, aunque relevante, parece minimizar la importancia de factores como las pensiones y la pobreza, reduciendo los problemas a cuestiones individuales que Osakidetza pretende solucionar con la incorporación de psicólogas en APS.
Es necesario dejar de lado los engaños. La incorporación de psicólogas en APS, aunque necesaria, no aborda la raíz del problema. La solución reside en transformar Osakidetza, pasando de un modelo centrado en diagnosticar la enfermedad del paciente a uno que se enfoque en diagnosticar el problema de salud de la persona.
Este diagnóstico integral debe identificar la enfermedad, pero también evaluar el impacto de los factores psicosociales (a través de la adrenalina y el cortisol) en la salud y en los síntomas que puedan surgir, ya sea como respuesta del sistema de alarma o como manifestación de una enfermedad. Se trata, por tanto, de un diagnóstico que combine aspectos biológicos, psicológicos y sociales.
En consecuencia, el foco principal del problema de salud puede estar en la enfermedad, pero no siempre es así; de hecho, puede no existir enfermedad alguna. Incluso cuando hay enfermedad, los factores psicosociales pueden ser centrales. Por ello, este diagnóstico integral requiere: 1) ser especialista en salud y sus determinantes; 2) tener conocimientos básicos en diversas especialidades médicas; y 3) poseer conocimientos en psicología y psiquiatría.
El médico de familia en APS cumple con estos requisitos, pero necesita recursos adicionales como la longitudinalidad (ser el médico de referencia a lo largo de la vida del paciente) y consultas presenciales con tiempo suficiente. Una vez realizado el diagnóstico, la APS debe contar con la colaboración de psicólogas, trabajadoras sociales y otras especialidades médicas según sea necesario.
Sin un diagnóstico integral, se corre el riesgo de estigmatizar y medicalizar a pacientes en situación de vulnerabilidad social, lo que agrava las desigualdades en salud. Es probable que este enfoque diagnóstico revele con frecuencia factores de vulnerabilidad que requieren la intervención de las trabajadoras sociales de los equipos de APS, quienes deben contar con los recursos necesarios para actuar desde una perspectiva comunitaria.
Sin embargo, estos servicios, tal como denuncian las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Bilbao, se están deteriorando. Abordar esta situación requiere invertir en recursos sociales, una inversión que no parece ser una prioridad para Osakidetza, que parece tener otros intereses.
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