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El superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, anunció que, de manera cautelar, se ordenó la intervención administrativa total de Comfenalco Antioquia, por un periodo de hasta 12 meses, y separó de sus cargos a los miembros del consejo directivo.
Esta decisión se basa en hallazgos que incluyen la remisión de recursos a una compañía externa, Mandato Salud, sin un negocio jurídico subyacente claro, y la falta de claridad en la propiedad y destinación de recursos remanentes de programas de salud. “Además, se observó la falta de control y diligencia por parte del Consejo Directivo en la gestión relacionada con este tema y pérdidas recurrentes en el centro de costo de vivienda que ponen en riesgo el patrimonio de la corporación”, se lee en el comunicado de la Superintendencia.
Según el texto, la decisión se tomó luego de evidenciar la remisión de recursos remanentes de los procesos liquidatorios de los programas de salud (EPS-Contributivo y EPS-Subsidiado) que ascienden aproximadamente a los $10.000 millones a una fiducia que desde el año 2021 no se encuentra bajo la titularidad y el dominio de la caja de compensación familiar, figurando como fideicomitente y beneficiario la compañía de derecho privado cuya razón social corresponde a Mandato Salud, de la cual son accionistas tres personas naturales, generando así un riesgo jurídico y patrimonial a los intereses de la caja.
“No obra un negocio jurídico subyacente que haya generado la obligatoriedad de la creación de Mandato Salud y la cesión de derechos fiduciarios de la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia a favor de la compañía Mandato Salud”, se lee en el comunicado.
La superintendencia advirtió que la corporación no ha determinado con claridad la propiedad, titularidad y destinación de los recursos remanentes de los procesos liquidatorios de los programas de salud (EPS-C y EPS-S), por lo cual podrían corresponder bien al Sistema de Salud, o a la caja de compensación como operadora que fue de los programas de salud y quien tenía a su cargo la gestión de estas unidades de negocio. Ante esta falta de certeza, frente a la pertenencia de los recursos hoy administrados por la sociedad Mandato Salud.
“De la revisión de las actas de consejo directivo, se observa que durante las reuniones realizadas en la vigencia 2021 hasta el 22 de noviembre de 2022, presuntamente no se ejerció un debido control y diligencia en las gestiones ejecutadas por el director administrativo referente a los aspectos generales del contrato de mandato de los regímenes de salud contributivo y subsidiado, la constitución de la sociedad Mandato Salud el 26 de abril de 2021 y la cesión de derechos fiduciarios; pues no se evidencian requerimientos de informes de gestión o rendición de cuentas sobre los trámites llevados a cabo por los mandatarios, así como tampoco se solicitó informe de seguimiento por parte de la revisoría fiscal o auditoría interna. Incumpliendo así el consejo directivo el artículo 54 de la Ley 21 de 1982, artículo 29 literal a) del reglamento del consejo directivo y artículo 25 de los estatutos de la corporación, ya que omitió ejercer una debida diligencia y control frente al tema referido para prevenir posibles riesgos que pudieran afectar el patrimonio de la caja”, agrega el texto de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Sumado a lo anterior, se destaca el impacto negativo que está teniendo sobre el patrimonio de la corporación las pérdidas recurrentes del centro de costo de vivienda que hoy ascienden a más de $20.000 millonescolocando en riesgo el patrimonio de Comfenalco Antioquia y así mismo, a todos los afiliados y beneficiarios del subsidio familiar de la entidad, destacándose con preocupación que el programa de vivienda viene arrojando pérdidas desde hace 6 vigencias incluyendo la actual, por lo que existe una presunta vulneración al régimen de transparencia, en cuanto a las conductas y acciones prohibidas.
La Superintendencia del Subsidio Familiar nombró a Osvaldo Enrique Álvarez como agente especial de intervención.
Finalmente, el superintendente Pérez Casas, informó que, de acuerdo a las cifras estadísticas que maneja la Superintendencia del Subsidio Familiar, esta caja de compensación tiene una población total de 928.734 personas. De ellas, son afiliados: 460.127 y las personas a cargo de los trabajadores afiliados: 468.607.
Así mismo, tiene 21.610 empresas afiliadas, que han realizado aportes durante este año por valor de $290.000 millones.
In conclusion, the Superintendency of Family Subsidy has ordered the total administrative intervention of Comfenalco Antioquia for a period of up to 12 months. This decision was made based on findings that include the remittance of resources to an external company without a clear underlying legal agreement and the lack of clarity in the ownership and destination of remaining healthcare program funds. The intervention aims to address the lack of control and diligence by the Board of Directors, as well as the recurring losses in the housing cost center that jeopardize the corporation’s assets. Furthermore, it has been discovered that resources from the liquidation processes of healthcare programs have been transferred to a trust managed by Mandato Salud, creating legal and patrimonial risks. The lack of clarity regarding the ownership and destination of these resources poses uncertainty, as they may belong to the Health System or the compensation fund. The Board of Directors neglected its duty by not exercising due diligence and control in the management of these matters. The Superintendency highlights the negative impact of recurring losses in the housing cost center, amounting to over $20 billion, which endangers the assets of Comfenalco Antioquia and its beneficiaries. It is alarming that this housing program has been generating losses for the past six fiscal years, potentially violating transparency regulations. In light of these issues, Osvaldo Enrique Álvarez has been appointed as the special intervention agent. Finally, it is important to note that Comfenalco Antioquia has a total population of 928,734 individuals, with 460,127 affiliates and 468,607 dependents of affiliated workers. The fund also has 21,610 affiliated companies that have contributed $290 billion this year.
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