Trump: EEUU no puede imponer aranceles por “emergencia económica”

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes 20 de febrero que Donald Trump había excedido los poderes previstos por la Constitución al imponer aranceles a casi todos los productos que ingresan a Estados Unidos. El presidente se basó en un texto de 1977 que, teóricamente, autorizaba al poder ejecutivo a actuar en el ámbito económico sin la aprobación previa del Congreso siempre que se identificara una “emergencia económica”. Según la decisión, tomada por una mayoría de seis jueces contra tres, el presidente estadounidense no podía justificar estos aranceles invocando la necesidad de una emergencia económica.

Esta decisión se refiere a los aranceles presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores de actividad particulares, como el automóvil o el acero y el aluminio. Estos aranceles afectan especialmente a la Unión Europea.

La Comisión Europea comunicó a France Télévisions que “estudia con atención” la decisión estadounidense. “El comercio entre ambos lados del Atlántico depende de la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales”, precisó Olof Gill, portavoz de la Comisión encargado de comercio. “Sin embargo, seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos”, añadió. “Debemos analizar la decisión y conocer las consecuencias que extraerá la administración estadounidense”, declaró a France Télévisions una fuente diplomática francesa en Bruselas.

Estos aranceles se anunciaron en abril, aunque el republicano posteriormente dio marcha atrás en parte, añadiendo excepciones para una serie de productos, especialmente aquellos que no pueden fabricarse o cultivarse en Estados Unidos. Estos aranceles también sirvieron de base para las negociaciones para la firma de una serie de acuerdos comerciales con los principales socios de Estados Unidos, comenzando por la Unión Europea (UE), Japón o el Reino Unido. Estos acuerdos prevén ahora, según los casos, aranceles comprendidos entre el 10% y el 15% como máximo sobre los productos procedentes de los países que los han firmado.