La justicia rumana sigue dando de qué hablar. El Tribunal Superior de Casación y Justicia (ÎCCJ) ha anulado la condena del ex presidente de la Casa Nacional de Seguros de Salud, Lucian Duță, por prescripción de los hechos. Aunque Duță deberá responder por los daños y perjuicios ocasionados, se libra de la pena de prisión. La decisión fue tomada por un panel de jueces integrado por Iulian Dragomir, Luminița Criștiu-Ninu y Adriana Ispas, y fue anunciada por la presidenta del tribunal, Lia Savonea, el 10 de diciembre de 2025.
Recordemos que en diciembre de 2018, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) acusó a Duță de solicitar comisiones a dos empresas de software entre 2010 y 2012, recibiendo un total de 6.3 millones de euros, de los cuales 5.5 millones llegaron a través de transferencias bancarias y 800,000 en efectivo.
Duță ya había sido condenado en julio de 2022 por la Corte de Apel de Bucarest a seis años de prisión por cohecho. Sin embargo, este caso también estuvo envuelto en controversia, ya que las juezas Daniela Panioglu y Adina Guluțanu, quienes lo condenaron, fueron investigadas y posteriormente expulsadas del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) por revelar información sobre presiones de fiscales para favorecer a Duță. La decisión del CSM fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo.
Este año, el ÎCCJ ha protagonizado otras decisiones polémicas. Gabriel “Puiu” Popoviciu fue absuelto definitivamente en el caso “Ferma Băneasa”, mientras que el exministro de Salud, Nicolae Bănicioiu, se libró de las acusaciones de aceptar un soborno de casi 800,000 euros. Asimismo, los exministros de Finanzas, Sebastian Vlădescu, y el ex presidente de Eximbank, Mircea Costea, también vieron anuladas sus condenas y fueron liberados.
La jueza Lia Savonea, al frente de la Corte Suprema desde el verano de este año, también ha generado debate con sus fallos. Entre ellos, la anulación de la condena a casi 14 años de prisión por homicidio de Mario Iorgulescu, quien conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, y la condena a tan solo ocho meses con suspensión de pena a un hombre por violación, alegando que la víctima, su sobrina de 13 años, había dado su consentimiento.
Savonea también determinó que el expediente del “Caso Revolución”, en el que fue juzgado Ion Iliescu, no cumplía con los requisitos formales, lo que llevó a que el ex presidente rumano falleciera antes de enfrentar las consecuencias legales.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
Urmărește cel mai nou VIDEO
