Para hacer frente a la crisis estructural que enfrentan las zonas rurales y pesqueras de Corea del Sur, marcada por la disminución de la población y el envejecimiento, se implementará el próximo año un programa piloto de “Ingreso Básico Rural y Pesquero”. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales seleccionó inicialmente siete regiones del país a través de una convocatoria para áreas con disminución de población, y posteriormente añadió tres más a solicitud de las administraciones locales. Como resultado, los residentes de diez regiones, incluyendo los condados de Sunchang y Jangsu en la provincia de Jeolla del Norte, recibirán durante dos años, a partir del próximo año, un vale de regalo local por un valor de 150.000 wones mensuales por persona.
En una época en la que la desaparición de las zonas rurales es inminente, el ingreso básico se considera una alternativa viable para atraer población, revitalizar la economía local y mejorar la calidad de vida de los residentes. Tanto las administraciones locales como los ciudadanos han depositado grandes expectativas en esta iniciativa. Sin embargo, a medida que se acerca su implementación, se están extendiendo dudas sobre su sostenibilidad: “La idea es buena, pero ¿será viable a largo plazo?”
El principal obstáculo para la sostenibilidad del programa es, sin duda, la cuestión financiera. La proporción de financiación propuesta por el gobierno es de 40% fondos nacionales, 30% fondos provinciales y 30% fondos locales. Las administraciones locales rurales tienen una base impositiva débil debido a su baja población. Depender de los fondos propios para financiar el ingreso básico es estructuralmente inviable. Cuanto más urgente sea la necesidad de abordar la despoblación, peores serán las condiciones financieras de la región. Paradójicamente, los lugares que más necesitan el ingreso básico son los que tienen más dificultades para implementarlo. Los condados de Sunchang y Jangsu, seleccionados para el programa piloto, deberán destinar al menos el 35% de sus propios recursos anuales para financiar el ingreso básico. A pesar de esto, las administraciones locales no tienen más remedio que priorizar el presupuesto para este programa, impulsado como política nacional. Esto podría obligarlas a reducir drásticamente los presupuestos de otros programas de bienestar social o incluso a eliminarlos por completo. Si se impone una carga financiera excesiva a las administraciones locales rurales, que ya tienen dificultades financieras, la sostenibilidad del programa se verá comprometida.
Abordar la crisis de la despoblación y reducir las disparidades regionales para lograr un desarrollo equilibrado son responsabilidades del gobierno central, ya que están intrínsecamente ligadas a la sostenibilidad del país. Para garantizar la viabilidad del programa de ingreso básico, el gobierno central debe asumir una clara responsabilidad nacional y reestructurar el sistema de financiación para que asuma una mayor parte de los costes. El éxito del programa piloto de ingreso básico rural y pesquero, a punto de comenzar, depende en última instancia de la voluntad del gobierno.
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