El 16% de los hogares estadounidenses se encuentran con retrasos en el pago de sus facturas de electricidad, y se espera que esta cifra aumente durante el invierno debido a la caída de las temperaturas y al incremento de los costos energéticos, según advierte la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA).
Paralelamente, un número creciente de clientes residenciales se enfrentará a cortes de suministro, declaró Mark Wolfe, director ejecutivo de NEADA, en una conferencia de prensa el 11 de diciembre.
“Debido a los altos precios, prevemos que el número de familias desconectadas del servicio eléctrico aumente de aproximadamente 3.5 millones a 4 millones”, afirmó Wolfe. “En muchos sentidos, la electricidad se está volviendo inasequible. No contamos con planes para ayudar a estas familias a adaptarse.”
El aumento de los precios de la energía es una preocupación nacional, mientras que las empresas de servicios públicos y los reguladores se enfrentan a subidas de tarifas destinadas a cubrir los costos de la infraestructura de la red eléctrica, al tiempo que buscan mantener la asequibilidad para los consumidores.
El precio promedio de la electricidad residencial aumentó un 32% entre julio de 2021 y julio de 2025, superando la inflación, según datos recientes de S&P Global Energy.
En los 12 meses que finalizaron en julio de 2025, la tarifa eléctrica residencial real promedio aumentó en 37 estados y el Distrito de Columbia, con incrementos de dos dígitos en muchas áreas. El Distrito de Columbia experimentó el mayor aumento interanual en términos nominales, cercano al 34%, según el análisis.
Estos aumentos se suman a la carga de deuda que ya soportan millones de estadounidenses y coinciden con la expiración de los programas federales de ahorro en facturas de energía.
La legislación presupuestaria firmada por el presidente Donald Trump en julio eliminará gradualmente los créditos fiscales para mejoras de eficiencia energética y energía limpia residencial a finales de 2025. El Congreso había ampliado estos créditos fiscales bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.
Los usuarios que no pueden pagar sus facturas de electricidad y gas natural deben actualmente a las empresas de servicios públicos un total de 23 mil millones de dólares, según las estimaciones más recientes de NEADA. Muchos de estos usuarios se enfrentan a desconexiones temporales debido a los pagos atrasados.
En octubre, por ejemplo, Consolidated Edison Co. de Nueva York, que presta servicios a clientes en la ciudad de Nueva York y el condado vecino de Westchester, desconectó temporalmente el servicio a 27,881 hogares, frente a los 6,780 del año anterior, según datos de NEADA. Casi todos recuperaron el servicio en una semana, y muchos en 24 horas, según Allan Drury, portavoz de Con Edison, en un correo electrónico. La mayoría fueron incluidos en planes de pago, añadió.
“La suspensión del servicio es el último recurso, y solo lo hacemos después de una amplia comunicación y de agotar todas las demás opciones para ayudar a los clientes a ponerse al día con sus pagos”, escribió Drury. “Es esencial que nuestros clientes paguen sus facturas para mantener un servicio seguro y una fiabilidad líder en la industria.”
Con Edison es “plenamente consciente” de los desafíos de asequibilidad que enfrentan los clientes y ofrece varios programas de asistencia y condonación, así como protecciones especiales para las poblaciones vulnerables durante los meses de invierno, agregó Drury. En los últimos dos años, la compañía ofreció 500 millones de dólares en descuentos en las facturas a clientes elegibles.
Preocupación por los costos energéticos en los estados
La presión de los precios de la energía en alza coincide con una creciente carga de deuda general, dijo Mike Pierce, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Protect Borrowers, en la conferencia de prensa del 11 de diciembre. Los hogares estadounidenses deben ahora más de 18.5 billones de dólares en préstamos para automóviles, saldos de tarjetas de crédito, deuda estudiantil y más, señaló.
En todos los estados, excepto en ocho, se prohíbe a las empresas de electricidad y, en algunos casos, de gas natural, suspender el servicio cuando hace frío. Sin embargo, estas políticas varían significativamente y no siempre brindan una protección adecuada a los hogares con dificultades financieras.
El senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island, señaló que el Congreso de los Estados Unidos tiene una influencia limitada sobre los precios minoristas de la energía que establecen los reguladores estatales.
“Como ocurre con muchos de estos temas, existe un componente local importante”, dijo Whitehouse a los periodistas, y agregó que los desarrolladores de centros de datos, a quienes se ha señalado como una de las principales razones del aumento de la demanda de electricidad y las consiguientes subidas de tarifas, hasta ahora han enfrentado poca resistencia por parte de los estados.
Esto podría estar cambiando.
En Indiana, NiSource creó recientemente una nueva subsidiaria que se centrará en satisfacer la demanda de energía de los nuevos centros de datos a gran escala, al tiempo que protege a otros usuarios del pago de los costos. En otros estados, como Kansas, los reguladores están creando tarifas especiales para garantizar que los centros de datos asuman la mayor parte de los costos asociados con la nueva infraestructura necesaria para respaldar dichos proyectos durante varios años.
Por ahora, las facturas de electricidad minoristas aún no reflejan las inversiones en infraestructura y transmisión asociadas con las operaciones de los centros de datos, según investigadores de S&P Global.
“Hasta la fecha, no existe una correlación clara entre el desarrollo de centros de datos y el aumento de las tarifas de electricidad a nivel estatal”, escribieron, y agregaron que esto “podría cambiar a medida que la demanda prevista de centros de datos en los próximos cinco años supere significativamente el crecimiento observado desde 2020”.
También existen costos menos visibles a nivel regional asociados con la expansión de los centros de datos, incluidas las inversiones en transmisión de alto voltaje, que eventualmente se reflejan en las tarifas. Estos costos de la red, que supervisa la Comisión Federal de Regulación de la Energía, alcanzaron los 4.3 mil millones de dólares en la región de PJM Interconnection solo en 2024, según un estudio publicado en septiembre por la Unión de Científicos Preocupados.
