Como, 17 de diciembre de 2025 – Las investigaciones, que culminaron hoy con tres arrestos, se iniciaron a raíz de la quiebra, en diciembre de 2022, de una importante empresa de la provincia de Como dedicada a la comercialización de productos y servicios de telefonía móvil en nombre de una compañía de telecomunicaciones. Específicamente, la Guardia di Finanza del Núcleo de Policía Económico Financiera de Como, coordinada por la fiscal adjunta Simona De Salvo, determinó una evasión de IVA correspondiente al año 2019, por un valor superior a los 800.000 euros, imputable al administrador de la empresa de telefonía, posteriormente declarada en quiebra. Se estableció que este último, junto con su pareja, de 50 y 42 años respectivamente, ambos residentes en la provincia de Monza y Brianza, había provocado intencionalmente la quiebra de la empresa y desviado el patrimonio corporativo, impidiendo así que los acreedores y la Hacienda Pública recuperaran lo que les correspondía. Estas acciones se prolongaron gracias a la constitución de sociedades en Estados Unidos y Gran Bretaña, hacia las cuales se redirigió una parte importante de los recursos de la empresa.
Guardia di Finanza (foto de archivo)
Investigación de la Guardia di Finanza
Los agentes de la Guardia di Finanza constataron la ocultación de una parte de la contabilidad, incompleta e inexacta, llevada de manera que imposibilitaba la reconstrucción de las operaciones comerciales. Además, se evidenció el frecuente recurso a la emisión de facturas por operaciones inexistentes, por un valor aproximado de 1,3 millones de euros, con el fin de mostrar beneficios en la empresa, a pesar de una considerable pérdida de ejercicio y la consiguiente necesidad de recapitalización. Dichas facturas eran posteriormente anuladas, al año siguiente, mediante notas de crédito de igual importe.
Solicitud de préstamo
El patrimonio social desviado se habría utilizado en inversiones en empresas británicas, pagos de gastos personales y transferencias a sociedades vinculadas a los investigados con sede en las Islas Vírgenes y en Estados Unidos, por un importe total superior a 1,7 millones de euros. Este cálculo incluye la sustracción de un préstamo de 800.000 euros garantizado por el Estado a través de Mediocredito Centrale. Asimismo, la empresa en quiebra solicitó en 2020 a Banca Progetto un préstamo de 800.000 euros, garantizado en un 90 por ciento con fondos públicos, presentando documentación falsa para aparentar una realidad empresarial sólida y rentable. Ahora se ha dictado una orden de prisión preventiva contra ellos, que ha llevado al encarcelamiento del hombre junto con el administrador de la empresa estadounidense, un milanés de 46 años, y a la detención domiciliaria de la mujer.
