Nueva York – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, obtuvo hoy una orden judicial que impide al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) implementar nuevas condiciones que habrían eliminado el acceso a fondos críticos del programa Continuum of Care (CoC). Este programa canaliza financiación a coaliciones locales y regionales que brindan vivienda y servicios a personas y familias que experimentan la falta de hogar, especialmente a aquellos más vulnerables, como veteranos, personas con discapacidades e individuos transgénero.
En noviembre, la Fiscal General James lideró una coalición de 18 fiscales generales adicionales y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania en una demanda contra la administración Trump para proteger más de 3 mil millones de dólares en fondos CoC que se veían amenazados por las nuevas condiciones impuestas por el HUD, consideradas ilegales. Hoy, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island concedió la moción de la coalición para una orden preliminar, impidiendo que el HUD implemente sus nuevas condiciones sobre los fondos CoC.
“Los fondos del Continuum of Care ayudan a mantener a decenas de miles de personas en sus hogares y brindan servicios esenciales a los más vulnerables, incluidas familias y veteranos”, declaró la Fiscal General James. “Los esfuerzos de esta administración para socavar este programa vital son ilegales, y hoy hemos logrado detenerlos. Seguiré luchando para proteger estos recursos vitales de los que nuestras comunidades dependen para albergar a quienes lo necesitan”.
En Nueva York, 24 coaliciones regionales CoC diferentes reciben más de 320 millones de dólares para proporcionar vivienda y otros servicios en todo el estado. El 94 por ciento de estos fondos se destinan a viviendas permanentes, apoyando a 13,861 hogares en todo el estado. En noviembre, la administración Trump impuso nuevas y ilegales condiciones a las subvenciones CoC que ponen en peligro los servicios críticos que brindan estas coaliciones regionales. La administración impuso un límite a la cantidad de fondos CoC que pueden apoyar la vivienda de apoyo permanente. De implementarse, este límite reduciría en dos tercios los fondos CoC para la vivienda de apoyo permanente y podría poner en riesgo inminente de perder sus hogares a un estimado de 170,000 personas.
El HUD también impuso otras condiciones, prohibiendo que los fondos CoC lleguen a organizaciones que reconozcan la existencia de personas transgénero o no binarias y excluyendo a los programas que brindan servicios para discapacidades mentales. La Fiscal General James y la coalición argumentaron en su demanda que estas condiciones violan la Ley de Procedimiento Administrativo y el poder constitucional del Congreso para controlar el gasto.
En una decisión anunciada hoy, el Tribunal de Distrito de Rhode Island concedió la moción de la coalición para una orden preliminar, impidiendo que el HUD implemente sus límites ilegales sobre los fondos CoC.
Además de la Fiscal General James, en la presentación de esta demanda participaron los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
