La Cooperativa de Anisacate ha detallado el impacto de la nueva Ordenanza Tarifaria Anual 2026 en los servicios que ofrece, particularmente en internet y energía eléctrica. El incremento tarifario afecta únicamente a los usuarios del ejido local de Anisacate, sin repercutir en los asociados de La Bolsa, Valle de Anisacate ni Dique Chico.
Según explicaron desde la Cooperativa, la ordenanza municipal tiene un alcance estrictamente local. “La Cooperativa es una institución regional y cada localidad debe asumir las cargas impositivas que definen sus propias autoridades, sin que esto se financie con aportes de otras jurisdicciones”, señalaron desde el Consejo de Administración.
En lo que respecta al servicio de internet, a partir de enero los usuarios de Anisacate comenzarán a ver reflejada en su factura la tasa municipal, incluida dentro del rubro Comercio e Industria. Como ejemplo, un plan de 30 megas tendrá un costo aproximado de 22.200 pesos para los domicilios de Anisacate, mientras que en La Bolsa, Valle de Anisacate y Dique Chico el precio se mantendrá en 20.500 pesos, al menos hasta que se realice un reajuste general independiente de esta ordenanza.
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La entidad ha aclarado que esta diferencia no responde a una decisión comercial o administrativa, sino a la aplicación de una tasa municipal establecida por el Municipio de Anisacate.
Asimismo, indicaron que existen incrementos habituales y razonables vinculados a la actualización de los costos del sistema, los cuales no son objeto de controversia legal. “Se trata de un aumento del 20 por mil en el servicio de internet y del 8 por mil en el servicio de energía eléctrica, ajustes que se aplican dentro de los márgenes normales y que la Cooperativa no cuestiona”, precisaron.
Sin embargo, la situación es diferente en lo que respecta a otros cargos incluidos en la ordenanza municipal, que la Cooperativa considera excesivos y contrarios a la legislación vigente. “Hablamos de un cobro mensual de 35.000 pesos por cada poste dentro del ejido, 2.500 pesos mensuales por cada conexión de internet y energía eléctrica, y 21.900 pesos por supuestas inspecciones en nuevas conexiones o habilitaciones de medidores”, detallaron.
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Según advirtieron, de trasladarse estos valores a las facturas, el impacto sería “absolutamente desproporcionado”. “Estamos hablando de aumentos superiores al 60 % en las boletas de luz y de una cifra global que superaría los 150 millones de pesos mensuales, incluso por encima del costo que la Cooperativa paga por la energía que consume toda la localidad”, afirmaron.
Ante este escenario, la Cooperativa ha presentado una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, además de recursos administrativos contra las boletas emitidas por estos conceptos. “Hasta que la Justicia se pronuncie, estos cargos no se incorporarán a las facturas ni se trasladarán a los usuarios. Cualquier modificación futura dependerá exclusivamente del fallo judicial”, aclararon.
Finalmente, desde el Consejo de Administración reafirmaron su postura institucional: “Nuestra prioridad es defender el bolsillo de los socios, actuar con responsabilidad y evitar una transferencia injusta de recursos entre localidades. Agotaremos todas las instancias administrativas y judiciales para impedir la aplicación de cargos que consideramos ilegales o confiscatorios y garantizar servicios sustentables sin trasladar costos que no corresponden”.
