Publicado el miércoles 24 de diciembre de 2025
El Fiscal General Peter F. Neronha se unió a una coalición de 18 estados y el Distrito de Columbia para impugnar un reciente intento del Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), Robert F. Kennedy Jr., de amenazar a los proveedores de atención médica y limitar ilegalmente el acceso a la atención de afirmación de género para jóvenes.
Una reciente declaración publicada por el HHS, que afirma falsamente que ciertas formas de atención de afirmación de género son “inseguras e ineficaces”, amenaza con sancionar a médicos, hospitales y clínicas que continúen brindando esta atención, con la amenaza de exclusión de los programas federales Medicare y Medicaid.
Según se alega en la demanda, esta declaración viola las leyes federales al modificar ilegalmente los estándares médicos, no seguir los procesos de notificación y comentarios, y socavar en última instancia la autoridad de larga data de los estados para regular la medicina. La coalición solicita al tribunal que declare ilegal la declaración del HHS y bloquee su aplicación.
El 18 de diciembre, el HHS emitió una “declaración” en la que afirmaba que ciertas formas de atención de afirmación de género son “inseguras e ineficaces”. En la “declaración”, el Secretario Kennedy afirma que el HHS puede excluir a los proveedores y las instituciones de atención médica de los programas Medicare y Medicaid simplemente por brindar atención de afirmación de género a jóvenes transgénero. La agencia también anunció dos normas federales propuestas que prohibirían por completo que los hospitales que brinden atención de afirmación de género a personas menores de 18 años participen en Medicare y Medicaid, y prohibirían los pagos de Medicaid por atención de afirmación de género brindada a personas menores de 19 años. Estas normas aún no han entrado en vigor, y el HHS ha dado al público hasta el 17 de febrero de 2026 para presentar comentarios sobre las propuestas.
La coalición argumenta que el HHS está intentando utilizar la “declaración” para eludir los requisitos legales básicos para los cambios de política. La ley federal exige que las agencias proporcionen al público notificación y la oportunidad de comentar antes de realizar cambios significativos en la política de atención médica. En cambio, el HHS emitió lo que arbitrariamente denominó una declaración e intentó que fuera efectiva a nivel nacional de inmediato, sin consultar a médicos, pacientes o estados. La coalición sostiene que esta es una clara extralimitación por parte del gobierno federal, dado que el HHS no tiene la autoridad para tomar tal medida. Durante generaciones, los estados, no el gobierno federal, han sido responsables de regular la práctica de la medicina. La “declaración” también entra en conflicto directo con la ley estatal de Rhode Island, que exige que las entidades con licencia estatal “operen de manera no discriminatoria”, incluso en base a la “identidad o expresión de género”. Al intentar imponer un estándar nacional único y amenazar con sancionar a los proveedores que se adhieran a la atención basada en evidencia y bien establecida, el HHS está interfiriendo ilegalmente en las decisiones que deben tomar los médicos y sus pacientes.
La coalición advierte que el HHS intentará utilizar esta acción ilegal para promulgar consecuencias inmediatas y generalizadas. Para los jóvenes transgénero y sus familias, crea miedo e incertidumbre sobre si la atención médica en curso podría verse repentinamente interrumpida. Para los médicos y los hospitales, amenaza con sanciones severas simplemente por tratar a sus pacientes con atención médicamente necesaria y basada en evidencia. Para los estados, pone en riesgo los programas Medicaid, programas de los que millones de personas dependen para la atención diaria y que salva vidas. Los estados dependen de amplias redes de proveedores para brindar servicios de salud esenciales. Al amenazar con descalificar a los proveedores que ofrecen atención de afirmación de género, el gobierno federal está obligando a los médicos a elegir entre abandonar a sus pacientes o arriesgar sus medios de vida. Esta presión reduciría el acceso a la atención, empeoraría la escasez de proveedores y perjudicaría a los pacientes de Medicaid más allá de aquellos que buscan atención de afirmación de género.
Además del Fiscal General Neronha, en esta demanda se unen los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como la gobernadora de Pensilvania.
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