El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que busca la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros en préstamos estatales sin intereses otorgados a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Estos fondos están destinados a la prefinanciación de dos programas de artillería enmarcados en la estrategia de modernización militar. La solicitud de suspensión, por el momento, no ha sido resuelta.
El recurso ha sido interpuesto por Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics European Land Systems (GDELS), y se centra en dos créditos específicos: 1.181 millones de euros para el programa de obuses autopropulsados sobre ruedas y 1.821 millones de euros para el de obuses de cadenas.
La concesión de estos préstamos se basa en el Real Decreto 914/2025, de 14 de octubre, que regula la concesión de préstamos directos a empresas para el desarrollo industrial de programas especiales de modernización en los ámbitos terrestre y aéreo.
En su conjunto, el Gobierno aprobó 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses para impulsar el desarrollo de diversos programas de modernización militar. De esta cifra, una parte significativa se concentra en proyectos en los que participa Indra, ya sea de forma individual o en colaboración con otras compañías, según la información judicial a la que ha tenido acceso Europa Press.
La admisión a trámite del recurso implica que el Tribunal Supremo considera que cumple con los requisitos formales para su examen. A partir de ahora, el proceso seguirá su curso, y el tribunal deberá pronunciarse, en primer lugar, sobre la concesión o denegación de la medida cautelar solicitada –la suspensión de los préstamos– y, posteriormente, sobre el fondo del asunto.
