La administración del expresidente estadounidense Donald Trump intensificó la presión sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro desde enero pasado. Inicialmente, duplicó la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Maduro.
En septiembre, las fuerzas estadounidenses comenzaron a interceptar embarcaciones acusadas de transportar drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Desde entonces, se han realizado más de 30 operaciones contra buques similares en el Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de más de 110 personas.
La administración Trump afirma estar involucrada en un conflicto armado no internacional con presuntos narcotraficantes, a quienes acusa de librar una guerra no convencional contra Estados Unidos. Sin embargo, expertos legales señalan que estas operaciones no se dirigen a “objetivos militares legítimos”. El primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre, fue particularmente cuestionado, ya que consistió en dos acciones consecutivas, donde sobrevivientes del primer ataque fueron víctimas del segundo.
Un ex fiscal de la Corte Penal Internacional declaró a la BBC que la campaña militar estadounidense, en general, podría considerarse una serie de ataques planificados y sistemáticos contra civiles en tiempos de paz.
La Casa Blanca respondió que actuó de acuerdo con las leyes de conflicto armado para proteger a Estados Unidos de los cárteles de la droga que “intentan introducir veneno en nuestras costas y destruir las vidas de los estadounidenses”.
En octubre, Trump anunció que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela y amenazó con lanzar ataques terrestres contra aquellos que calificó de “terroristas del narcotráfico”.
Según sus declaraciones, el primer ataque de este tipo se llevó a cabo el 24 de diciembre, aunque sin proporcionar detalles específicos, limitándose a indicar que se dirigió a una “zona de muelle” donde se cargaban embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas.
Previo a cualquier posible acción contra Maduro, Trump había afirmado repetidamente que el mandatario venezolano “no es amigo de Estados Unidos” y que “sería prudente que se fuera”.
Además, incrementó la presión financiera sobre Maduro al anunciar un “bloqueo naval total” a todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, dado que el petróleo es la principal fuente de ingresos en divisas del gobierno venezolano.
Estados Unidos ha desplegado una importante fuerza militar en la región del Caribe, con el objetivo declarado de detener el flujo de fentanilo y cocaína hacia su territorio. Esta fuerza, además de interceptar embarcaciones sospechosas de narcotráfico, también juega un papel clave en el bloqueo naval estadounidense.
