La jueza Jennifer Green, encargada del departamento penal del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, ha implementado silenciosamente un programa para agilizar la resolución de casos de pena de muerte en el condado más poblado de Arizona.
Según un comunicado del tribunal, se han comenzado a emitir órdenes para que la fiscalía y la defensa participen en audiencias de conciliación dos años después de que se presente una notificación para solicitar la pena capital. Estas órdenes buscan “fomentar” las negociaciones en los casos capitales, que a menudo se prolongan durante años y terminan con la reducción de cargos por parte de los fiscales.
Funcionarios del tribunal indicaron que las audiencias serán dirigidas por jueces en activo y jubilados.
¿Por qué se está implementando? Una investigación conjunta de ProPublica y ABC15 Arizona realizada en junio reveló que los fiscales de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa frecuentemente buscan la pena de muerte, pero rara vez la obtienen.
En casi 350 casos en los últimos 20 años, solo el 13% resultó en una sentencia de muerte. Estos resultados han generado interrogantes sobre el criterio de la oficina a la hora de solicitar la pena capital, según Rick Romley, ex Fiscal del Condado de Maricopa, quien solicitó una revisión de las decisiones de acusación capital tras conocer los hallazgos de los medios de comunicación.
“Una vez que se alega la pena de muerte, todo el panorama cambia”, declaró Romley a ProPublica y ABC15 en ese momento. “Se destinan muchos más recursos a ese caso en particular”.
Los casos capitales pueden extenderse a lo largo de varios mandatos de fiscales del condado y cuestan más de un millón de dólares cada uno en concepto de enjuiciamiento. En los cientos de casos de pena de muerte perseguidos en el Condado de Maricopa desde 2007, el costo de proporcionar a los acusados una defensa adecuada por sí solo ha ascendido a 289 millones de dólares. Esta cifra no incluye los costos de la fiscalía, que la oficina del fiscal del condado dijo que no se registran de manera que puedan rastrearse por separado.
Romley aplaudió la implementación de las audiencias de conciliación por parte del tribunal. “Los tribunales han reconocido que esta no es la forma correcta de proceder”, dijo, y agregó que las órdenes podrían acelerar otros aspectos de los casos, como el descubrimiento de pruebas. Las víctimas también podrían beneficiarse de una resolución más rápida, señaló. “Si yo fuera fiscal del condado, lo estaría adoptando”, afirmó.
Arizona reanudó las ejecuciones en 2025 después de una pausa de dos años. La gobernadora Katie Hobbs, demócrata, ordenó en 2022 una revisión del proceso de inyección letal del estado, pero destituyó al juez federal jubilado que había designado para llevar a cabo el análisis después de que este determinara que la inyección letal no es humana, según sus palabras.
Actualmente, hay 107 personas en el corredor de la muerte de Arizona: .
Lo que dicen las autoridades: Rosemarie Peña-Lynch, directora de los servicios de defensa pública del Condado de Maricopa, declaró en un comunicado que los defensores públicos están comprometidos con un proceso que “ofrece la oportunidad de explorar posibles resoluciones de los casos, al tiempo que salvaguarda los derechos constitucionales de nuestros clientes”.
Rachel Mitchell, fiscal del Condado de Maricopa, republicana, dijo en una conferencia de prensa en noviembre que está “a favor de cualquier cosa que acelere este proceso”. Sin embargo, añadió que los fiscales buscan la pena de muerte en los casos “en los que creemos que es justificable”.
Cuando se le preguntó sobre la celebración de audiencias de conciliación dos años después de la presentación de dichos casos, respondió: “No es habitual que se abandone la pena de muerte… por un capricho de un acuerdo de culpabilidad. Se abandona porque quizás cambian las pruebas o, por ejemplo, fallecen los testigos, o algo así. No sé si esto ayudará o no, pero si lo hace, sería genial”.
Próximos pasos: El mes pasado, Green emitió una orden en un caso de pena de muerte para programar una audiencia de conciliación en un plazo de dos años. La orden de Green, en un caso contra dos hombres acusados de asesinar a una mujer en Tempe, cita una norma de procedimiento penal que exige que los casos capitales se resuelvan en un plazo de 24 meses a partir de la notificación del estado de que busca la pena de muerte.
El 3 de diciembre, Mitchell anunció que su oficina buscaría la pena de muerte contra
Cudjoe Young y Sencere Hayes, quienes ya habían sido acusados del asesinato de Mercedes Vega, de 22 años, ocurrido el 17 de abril de 2023. Young y Hayes se han declarado no culpables.
El informe de la autopsia reveló que Vega, que aún estaba viva cuando fue abandonada en un Chevrolet Malibu en llamas, murió a causa de lesiones contundentes y un disparo en el brazo. Un médico forense también encontró lejía en su garganta, según ABC15.
“Continuaremos buscando justicia para Mercedes Vega y su familia”, dijo Mitchell en una declaración.
