El tribunal de apelaciones más reciente de Texas rechazó por unanimidad el intento del Fiscal General Ken Paxton de presionar a los fiscales de distrito y condado con requisitos de informes onerosos. Este resultado representa una victoria para el sentido común y el control local.
Un servidor público concienzudo consideraría la decisión del tribunal como una reprimenda y reconsideraría su actitud hacia los fiscales locales, pero una reacción así parece poco probable por parte del fiscal general, de marcada tendencia partidista.
Alegando que algunos fiscales jefes de condados urbanos, en su mayoría demócratas, no estaban cumpliendo con sus deberes, Paxton había otorgado a su propia oficina la autoridad para supervisar su trabajo. Emitió nuevas normas administrativas que exigían a los fiscales de distrito que presentaran informes anuales y trimestrales exhaustivos, correspondencia sobre ciertos temas y potencialmente miles de expedientes judiciales para su revisión. Las normas entraron en vigor en abril y se aplicaron únicamente a los condados con una población de 400.000 o más habitantes.
Si los fiscales de distrito y condado no cumplían, Paxton podría acusarlos de mala conducta oficial y solicitar su destitución del cargo.
Como era de esperar, la mayoría de los fiscales locales afectados se mostraron indignados por las normas. El fiscal de distrito del condado de Dallas, John Creuzot, y varios de sus colegas en todo el estado presentaron demandas en el condado de Travis, argumentando que las normas violan la Constitución de Texas y “erosionan la independencia fiscal”. Un tribunal de distrito en Austin concedió una medida cautelar que prohíbe la aplicación de las normas.
La oficina del fiscal general apeló al nuevo Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, intentando revocar la medida cautelar. El tribunal fue establecido por la Legislatura en 2023 y tiene jurisdicción exclusiva sobre las apelaciones intermedias de casos presentados por o contra juntas estatales, comisiones, universidades u otras agencias del poder ejecutivo. El gobernador Greg Abbott nombró a sus tres jueces inaugurales, quienes luego se postularán para la elección a nivel estatal, en lugar de en un distrito definido.
El tribunal, compuesto íntegramente por republicanos, rechazó rotundamente la pretensión de Paxton. La opinión mayoritaria señaló que la Legislatura “sabe claramente cómo otorgar expresamente autoridad para dictar normas cuando tiene la intención de hacerlo”. Sin embargo, los jueces informaron que no encontraron evidencia de que los legisladores hubieran otorgado dicha autoridad a la oficina del fiscal general en este caso.
La opinión mayoritaria señaló que Paxton no presentó pruebas durante la audiencia de la medida cautelar, ni su personal objetó ninguna de las 23 pruebas y testigos presentados por los fiscales de distrito. En otras palabras, Paxton no se molestó en defender su supuesta autoridad cuando tuvo la oportunidad. La demanda ahora regresa al tribunal de primera instancia.
Las normas punitivas y la consiguiente batalla legal han malgastado los limitados recursos de los condados afectados. El tribunal de apelaciones señaló que el condado de El Paso estimó que se necesitarían 12.000 horas para cumplir con las normas. El condado de Dallas ha gastado casi 350.000 dólares en litigios, según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal de distrito.
La toma de poder de Paxton no mejoró la seguridad pública. Simplemente desperdició tiempo y dinero.
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