El Ministerio de Desarrollo ha publicado este martes por la noche, en un gesto de transparencia, el proyecto de ley que el Gobierno rumano se prepara para asumir responsabilidad. La iniciativa busca una reforma integral de la Administración, implementando medidas que van desde recortes de personal hasta aumentos de impuestos para construcciones ilegales y sanciones para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. Una de las novedades es la creación de una “lista de la vergüenza” para deudores, tanto personas físicas como jurídicas.
Según el texto normativo, que aún debe ser debatido en el Gobierno, los organismos de crédito recibirán un 10% menos de fondos para gastos de personal en comparación con el año 2025. Para ajustarse al presupuesto, se contemplan despidos o reducciones salariales. Además, se eliminarán más de 6.000 puestos de asesores personales, se reducirá en un 25% el número de puestos en las instituciones del prefecto y en un 30% el máximo de puestos a nivel de las unidades administrativas territoriales, aunque esta última reducción no superará el 20% de los puestos ocupados.
Reducción del gasto público: Recortes de personal
• Reducción de personal:
- Eliminación de 6.102 puestos de asesores personales, lo que generará un ahorro de 362.630.400 lei al año.
- Reducción del 25% de los puestos en las instituciones del prefecto.
- Reducción del 30% del número máximo de puestos a nivel de las unidades administrativas territoriales.
- Reducción del personal de la policía local, en función del número de habitantes.
• Limitación de salarios:
- Establecimiento de un tope salarial para el presidente de la ANRSC, con un ahorro estimado de 190.812 lei al año.
- Limitación de los salarios en las entidades subordinadas al MDLPA a través de escalas salariales.
- Reducción del número de miembros del consejo de administración de la ANCPI y la ANL, con un ahorro estimado de 410.444 lei al año.
• Reducción de costes administrativos:
- Financiación de los gastos de los centros militares con cargo al presupuesto estatal, a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, lo que aliviará la presión sobre los presupuestos locales.
La ley también introduce indicadores de rendimiento para los funcionarios públicos, exámenes cada cuatro años y la posibilidad de rotación voluntaria. El Gobierno ha declarado que se restringirán los nombramientos temporales para puestos de liderazgo a situaciones en las que no sea posible cubrir el puesto mediante contratación, promoción, rotación o transferencia.
Asimismo, teniendo en cuenta la crisis económica y financiera que atraviesa Rumanía, el compromiso del Gobierno con la reducción y eficiencia del aparato estatal, y la necesidad de disminuir el gasto público destinado a la administración, el proyecto de ley propone la eliminación del puesto de inspector gubernamental.
Impuesto duplicado para las construcciones ilegales y nuevas sanciones para quienes no pagan sus multas
La ley también contempla un aumento del 100% en el impuesto para las construcciones ilegales durante un período de cinco años, así como restricciones para los deudores que deseen comprar o vender propiedades. Además, la suspensión del permiso de conducir podría verse afectada por el pago de las multas.
La multa aumentará un 30% si no se paga en los tres meses siguientes al plazo establecido, y otro 30% si la falta de pago persiste después de seis meses. También se permitirá a los organismos fiscales locales ceder las reclamaciones fiscales derivadas del impago de las multas a ejecutores judiciales u operadores especializados para recuperar las cantidades, incluso añadiendo gastos y beneficios, y los detalles de la cesión deberán registrarse en un contrato.
El período de suspensión del permiso de conducir por infracciones podrá reducirse si el infractor presenta prueba del pago de todas las deudas al presupuesto local del municipio donde reside, incluida la multa por la infracción que provocó la suspensión.
Se regulariza la situación de las construcciones realizadas sin permiso de construcción, con excepción de las edificadas antes del 1 de agosto de 2001. En estos casos, el valor imponible se calculará en función de la superficie de la construcción. Además, se introduce un aumento del 100% en el impuesto durante un período de cinco años, a partir del año siguiente a la constatación de la irregularidad, es decir, de la construcción realizada sin permiso. Esta medida tiene como objetivo disuadir las construcciones ilegales y aumentar los ingresos del presupuesto local, penalizando así estas actividades.
Aparece la “Lista de la vergüenza” para las personas físicas
Según el proyecto, se modifican las disposiciones relativas a la publicación de listas de deudores que registran obligaciones fiscales pendientes.
Así, «se extiende la obligación de los organismos fiscales de publicar en su sitio web tanto las listas de deudores personas jurídicas como las de personas físicas, que tienen obligaciones fiscales pendientes y su importe, promoviendo la transparencia fiscal».
El texto también establece que «se aclara el método de publicación de las listas, especificando que para las reclamaciones fiscales gestionadas por los organismos fiscales locales, la publicación se realiza mediante disposición de la autoridad ejecutiva y en el Monitor Oficial Local».
«En las disposiciones relativas a la publicación de listas de contribuyentes que no tienen obligaciones pendientes, se introduce la obligación de que tanto los contribuyentes personas físicas como las jurídicas, que hayan declarado y pagado sus obligaciones fiscales a tiempo, sin atrasos, figuren en la lista publicada en los sitios web oficiales de los organismos fiscales centrales y locales».
El objetivo de estas modificaciones es:
- Aumentar la visibilidad de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, promoviendo el cumplimiento fiscal.
- La publicación de la lista de contribuyentes sin atrasos puede animar a otras personas y entidades a pagar sus obligaciones a tiempo para beneficiarse de este reconocimiento público.
- Establecer métodos claros de publicación a nivel central y local, incluido el Monitor Oficial Local, para garantizar la transparencia y la accesibilidad.
El Estado puede retener los impuestos impagos de las ayudas sociales o las prestaciones por discapacidad grave
La prestación del asistente de la persona con discapacidad podrá ser ejecutada forzosamente. El Estado podrá retener impuestos y tasas de la prestación por discapacidad. Además, el Estado podrá retener los impuestos/multas impagos de las ayudas sociales.
“Se propone la posibilidad de ejecutar forzosamente las cantidades concedidas como renta mínima de inclusión para el pago de impuestos y tasas locales”, se indica en el proyecto.
Todas las medidas propuestas por el Gobierno en el nuevo paquete pueden consultarse AQUÍ y AQUÍ.
