La política migratoria, durante el primer año de un segundo mandato de Donald Trump, se convirtió en una herramienta central para reforzar la soberanía nacional y la seguridad interna, implementando una serie de medidas y leyes que generaron un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional. Entre las acciones más destacadas se encuentran la ampliación de la prohibición de entrada a ciudadanos de determinados países, el endurecimiento de los controles fronterizos en la frontera con México, el aumento de la capacidad de los centros de detención y la aceleración de los procesos de deportación de migrantes irregulares.
Asimismo, se intensificaron los programas de lucha contra el empleo ilegal y se incrementaron las sanciones para las empresas que incurran en la contratación de inmigrantes indocumentados. Expertos señalan que estas políticas de Trump lograron, en parte, reducir los flujos migratorios irregulares, pero desencadenaron graves crisis humanitarias y provocaron críticas por la dureza de las medidas, tanto a nivel de derechos humanos como en la comunidad internacional.
El costo político y económico de estas políticas también comenzó a manifestarse, a través de un deterioro de la imagen de Estados Unidos a nivel global y el impacto de las restricciones en la disponibilidad de mano de obra en sectores clave. Esto convirtió la experiencia migratoria durante el año 2025 en una combinación de control de seguridad frente a riesgos estratégicos y económicos.
¡Migración en negativo!
En este contexto, el profesor de Política Internacional, Dr. Ashraf Sanger, afirma que el primer año del segundo mandato de Donald Trump presenció una transformación significativa en la gestión del tema migratorio en Estados Unidos, describiendo lo ocurrido como algo sin precedentes en los últimos cincuenta años. La migración, por primera vez, se mide en términos negativos, lo que refleja el éxito de la administración en restringir la entrada de inmigrantes al país.
Sanger indica que las políticas abarcaron todas las formas de migración, tanto para profesionales altamente cualificados como para aquellos que buscan una nueva vida en circunstancias difíciles. Subraya que Trump tomó decisiones firmes para limitar la entrada de inmigrantes irregulares, revisar expedientes migratorios antiguos, incluso para aquellos que ya habían obtenido la ciudadanía estadounidense, incluyendo la posibilidad de revocarla en caso de comprobarse falsedades.
Añade que la administración estadounidense, a través de estas políticas, buscó lograr seguridad, soberanía y control de las fronteras, a pesar del elevado costo humano que acompañó a esta restricción, afectando a miles de familias y comunidades migrantes, y provocando escasez de mano de obra en sectores vitales como la agricultura, la hostelería y los servicios domésticos, lo que elevó los costos de producción y los precios de los alimentos en algunos estados.
Sanger enfatiza que, a pesar de su severidad, estas medidas no impidieron que Estados Unidos mantuviera su posición como un destino principal para la migración de talento y mano de obra esencial, señalando que restringir la inmigración podría afectar la capacidad tecnológica de Estados Unidos y retrasar su progreso en la carrera por la innovación, especialmente en comparación con China.
Sin embargo, considera que las políticas actuales podrían ser temporales y que las administraciones futuras, especialmente las demócratas, reabrirán las puertas a la inmigración bajo reglas organizadas y legales. Esto, a su juicio, es una ventaja de Trump, ya que intentó regular el tema de manera más clara y metódica en comparación con períodos anteriores, manteniendo los elementos de seguridad nacional y la soberanía estadounidense.
Una dimensión ideológica
Por su parte, el investigador político Mortada Saad, residente en el estado de Minnesota, considera que la gestión del presidente estadounidense Donald Trump del tema de la inmigración irregular no puede leerse desde una perspectiva puramente legal o económica, sino en un marco más amplio donde convergen las dimensiones políticas, de seguridad e identitarias. Señala que la contratación de inmigrantes irregulares solo se realiza a través de permisos de trabajo emitidos con la aprobación del gobierno, lo que implica –en su opinión– que el Estado era consciente de su existencia y se benefició económicamente de ellos, antes de ignorarlo posteriormente en su discurso beligerante.
Saad considera que uno de los aspectos más sensibles de las políticas de Trump es el enfoque en ciertas comunidades con una identidad islámica, especialmente la comunidad somalí, particularmente en el estado de Minnesota, que alberga entre 60.000 y 80.000 somalíes. Según su visión, un porcentaje significativo de esta comunidad no tiene residencia permanente y depende de permisos de trabajo temporales, además de beneficiarse de programas de apoyo gubernamental.
El investigador plantea interrogantes sobre la eficiencia de la supervisión de los fondos gubernamentales destinados a proyectos educativos y sociales dentro de la comunidad somalí, mencionando casos de corrupción y mala gestión, incluyendo la creación de instalaciones educativas sin un número real de beneficiarios. También señala la amplia dependencia de los inmigrantes de la asistencia gubernamental, como vivienda subsidiada, cupones de alimentos y seguro médico.
En contrapartida, Saad afirma que la comunidad mexicana representa un elemento vital en el mercado laboral estadounidense, pero las políticas restrictivas han provocado una escasez aguda de mano de obra, debido al temor de muchos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha afectado negativamente a la economía. Concluye que las políticas de Trump no solo se dirigen a la inmigración irregular, sino que implican una clara dimensión ideológica hacia las comunidades islámicas, priorizando el enfoque de seguridad e identidad sobre las soluciones económicas y sociales a largo plazo.
