La investigación del caso Hermosilla ha dado un giro significativo con la apertura de una línea de investigación política, a raíz de revelaciones contenidas en declaraciones ante la Fiscalía que sugieren posibles pagos e influencias relacionadas con la designación de conservadores de bienes raíces.
De acuerdo con información publicada por CIPER, el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, quien enfrenta acusaciones por el presunto pago de sobornos para influir en decisiones de la exministra Ángela Vivanco, declaró que la senadora Loreto Carvajal (PPD) habría recibido $300 millones a cambio de su intervención en el nombramiento de Yamil Najle como conservador de Bienes Raíces de Chillán. Carvajal mantiene una relación de pareja con el abogado Gabriel Silber, socio de Lagos, quien ha colaborado con la investigación en calidad de testigo.
Ante estos antecedentes, el Ministerio Público ha decidido separar esta arista investigativa del caso principal relacionado con el consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM), asignándole un Registro Único de Causas (RUC) distinto. La decisión fue tomada por el fiscal nacional Ángel Valencia, quien encomendó la investigación a la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por el fiscal regional Hernán Libedinsky.
Las autoridades de Aysén confirmaron la asignación del caso, indicando que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y bajo reserva, dada su complejidad y la participación de altos funcionarios públicos. Esta nueva línea de investigación se deriva de una indagatoria más amplia que continúa bajo la dirección de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, donde el lunes 26 de enero se inició la formalización de Vivanco por cargos de cohecho y lavado de activos.
La investigación política podría extenderse, según fuentes consultadas. T13 informó que la senadora Paulina Vodanovic habría sido mencionada en escuchas telefónicas relacionadas con el caso, en conversaciones sobre nombramientos de conservadores y posibles compensaciones económicas. La parlamentaria ha negado cualquier vínculo con los hechos.
Otros nombres que han surgido en la investigación principal son los de los senadores Matías Walker (DEM) y Sergio Gahona (UDI), así como el diputado Cristián Araya (REP), todos ellos vinculados en diversos elementos de prueba al conservador Sergio Yáber. Los involucrados han emitido declaraciones públicas negando cualquier irregularidad.
Al trasladar la causa a Aysén, el Ministerio Público busca evitar posibles presiones territoriales y avanzar en una investigación que, por primera vez, incorpora formalmente un componente político al caso Hermosilla.
