Ruanda anunció el martes que ha presentado una denuncia legal en La Haya contra el Reino Unido, debido al incumplimiento de los pagos derivados de un tratado de migración cancelado.
El gobierno ruandés presentó una Notificación de Arbitraje en noviembre de 2025 ante la Corte Permanente de Arbitraje, en virtud del Artículo 22 del Tratado entre el Reino Unido y Ruanda relativo a la Asociación de Migración y Desarrollo Económico (AMDE). La notificación incluye tres reclamaciones relativas a las obligaciones incumplidas por parte del Reino Unido. En primer lugar, se afirma que el Reino Unido “incumplió un intercambio de notas” al revelar públicamente los acuerdos financieros del tratado. Además, se señala una violación del Artículo 18, que exige el cumplimiento de dichos acuerdos financieros, y del Artículo 19, al negarse a establecer mecanismos para “reasentar a refugiados vulnerables de Ruanda”.
La AMDE se estableció en abril de 2022, durante el mandato del entonces primer ministro británico, Boris Johnson. El acuerdo establecía que las personas que intentaran solicitar asilo en el Reino Unido serían enviadas a Ruanda para buscar asilo allí. La medida estuvo motivada por tensiones políticas derivadas del gran número de migrantes que llegan en pequeñas embarcaciones. A cambio, se enviarían 370 millones de libras esterlinas (511 millones de dólares) a Ruanda para financiar el desarrollo, con 120 millones de libras esterlinas (165 millones de dólares) adicionales una vez que se confirmara la reubicación de 300 personas, y una cantidad específica por cada persona reubicada posteriormente.
El acuerdo se formalizó en un tratado legalmente vinculante en diciembre de 2023, habiéndose completado casi la mitad del pago (£240 millones).
El primer ministro Keir Starmer anunció en 2024 que el plan de Ruanda estaba “muerto y enterrado” y sería reemplazado por el Comando de Seguridad Fronteriza, que proporcionará liderazgo estratégico a los diferentes departamentos de aplicación de la ley para “desmantelar a las bandas criminales de contrabando que obtienen millones con los cruces en pequeñas embarcaciones”.
Las tensiones en torno a la migración han aumentado en Europa en los últimos años, con Francia y el Reino Unido formando alianzas para combatir los cruces ilegales del Canal de la Mancha. El Reino Unido ha sido criticado por su postura en relación con la criminalización de los migrantes ilegales, como la Ley de Migración Ilegal, y también ha recibido críticas por el uso ineficiente del dinero de los contribuyentes en el alojamiento de solicitantes de asilo.
