La Corte Suprema de Panamá dictaminó este jueves que los contratos de arrendamiento de puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, operados por una subsidiaria de CK Hutchison con sede en Hong Kong, son inconstitucionales.
Esta decisión representa una victoria para el presidente Donald Trump, quien ha buscado limitar la influencia china en América Latina en el marco de la denominada «Doctrina Monroe», una perspectiva de seguridad nacional que prioriza la primacía de Estados Unidos en el hemisferio occidental, incluyendo Latinoamérica, región que históricamente ha considerado su área de influencia.
Desde que retomó el cargo hace un año, Trump ha afirmado que el Canal de Panamá ha caído bajo control chino, una acusación rechazada tanto por Beijing como por la Ciudad de Panamá. En julio, la Contraloría de Panamá presentó demandas para anular la extensión de 25 años concedida en 2021 a CK Hutchison para las concesiones de los puertos Balboa y Cristóbal, alegando irregularidades y argumentando que el acuerdo era perjudicial para los intereses nacionales.
El fallo del tribunal superior complica aún más los esfuerzos de CK Hutchison para completar la venta de sus acciones mayoritarias en más de 40 puertos en todo el mundo, por un valor aproximado de 22.800 millones de dólares. En marzo del año pasado, la compañía llegó a un acuerdo para vender participaciones en las instalaciones a un consorcio liderado por Estados Unidos que incluye al gigante de la gestión de activos BlackRock.
La operación provocó una fuerte reacción de los medios estatales chinos, que la calificaron de traición a los intereses nacionales, y ha permanecido en suspenso a la espera de la aprobación de Beijing.
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