En un contexto global marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, España adopta una postura contracorriente.
El gobierno liderado por Pedro Sánchez anunció la semana pasada, de manera sorpresiva, una regularización extraordinaria para inmigrantes en situación irregular o solicitantes de asilo que acrediten una residencia de al menos cinco meses en el país y carezcan de antecedentes penales. La medida, impulsada por un acuerdo entre el Partido Socialista y la formación de izquierda Podemos, fue aprobada mediante un real decreto para evitar la necesidad de una votación parlamentaria, donde los socialistas no cuentan con mayoría.
La iniciativa surgió a partir de una propuesta respaldada por aproximadamente 700.000 firmas y el apoyo de diversos grupos de la sociedad civil, incluyendo asociaciones de migrantes e instituciones religiosas como la Iglesia católica.
Elma Saiz, ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, declaró que la regularización es “necesaria para responder a la realidad que observamos en nuestras calles”.
Según datos oficiales, de los 49,4 millones de habitantes de España, más de 9,8 millones nacieron en el extranjero, incluyendo 3,4 millones de extranjeros con permiso de residencia. Se estima que más de medio millón de los aproximadamente 850.000 inmigrantes en situación irregular podrían regularizar su estatus.
Esta política, abiertamente favorable a la inmigración, contrasta con la tendencia generalizada de endurecimiento de las políticas migratorias en la mayoría de los países desarrollados. Mientras que Alemania ha aprobado reformas para facilitar las deportaciones y detenciones, Francia ha restringido las prestaciones sociales y acelerado las expulsiones, Italia aplica leyes disuasorias y procesa a los solicitantes fuera de su territorio, y el Reino Unido ha limitado drásticamente el acceso al asilo.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene una política agresiva de cierre de fronteras, persecución y deportación de inmigrantes irregulares. Incluso Canadá, tradicionalmente abierto a los extranjeros, ha reducido las admisiones de trabajadores temporales y estudiantes.
¿Qué explica la postura divergente de España? Analizamos los factores clave.
La economía
A pesar de enfrentar desafíos como bajos salarios, alta tasa de desempleo, pérdida de poder adquisitivo y escasez de vivienda, la economía española se ha fortalecido en los últimos años.
Recientemente, España recuperó el puesto número 12 en el ranking de las economías mundiales, superando a México, Australia y Corea del Sur, con un Producto Interno Bruto (PIB) que supera los 2 billones de dólares, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La economía española presenta una demanda de mano de obra en sectores como el cuidado de personas, la construcción y la hostelería, que dependen directamente de la inmigración”, explica a BBC Mundo Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en migraciones internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.
La académica pronostica que la regularización favorecerá, a corto plazo, la formalización del empleo y el aumento de la recaudación pública al reducir la economía sumergida. A mediano plazo, anticipa una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones, cada vez más presionado por el envejecimiento de la población.
“En cuanto al impacto fiscal, estudios del Real Instituto Elcano, la OCDE y la Comisión Europea demuestran que, en promedio, los migrantes tienden a aportar más de lo que consumen en servicios sociales”, señala.
Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales, puntualiza que la demanda de mano de obra migrante “también se observa en Francia, Italia o Alemania, pero España es el país que se atreve a solucionar estos desajustes de forma más enérgica”.
“Otros países lo hacen en menor medida y de forma más discreta: Italia está aumentando los contingentes de trabajo para extranjeros, incluso en situación irregular, pero de manera más encubierta. Alemania reconoce que tiene un déficit de alrededor de un millón de personas en el mercado laboral, pero encuentra más obstáculos y actúa con menos determinación”, afirma.
España cerró 2025 con 605.400 nuevos empleos y alcanzó la cifra récord de 22,46 millones de trabajadores, con una reducción de 118.400 desempleados.
A pesar de haber logrado el mejor dato en 17 años, el país mantiene un alto nivel de desempleo –ligeramente inferior al 10% en comparación con el promedio del 6% de la Unión Europea–, lo que lleva a los críticos de la medida a cuestionar la facilidad con la que se absorberá a cientos de miles de personas.
“Para un país con un desempleo estructural tan grande como España, una anomalía dentro de Europa, esto resulta costoso, ya que favorece la llegada de más inmigración de la necesaria”, plantea el analista demográfico Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS.
El académico señala que la política de apertura a la inmigración y el consiguiente rápido crecimiento poblacional también agravan la principal preocupación de los españoles, según diversas encuestas: la falta de acceso a la vivienda.
“Aquellos que son propietarios de una vivienda no tienen problemas y, de hecho, su valor aumenta. Pero para quienes sí se ven afectados, como los jóvenes y los propios inmigrantes, es un problema tremendo”, argumenta.
El “factor latinoamericano”
Diversos estudios indican que, en general, los españoles perciben la inmigración de manera más favorable que otros países occidentales y, a pesar de ciertas preocupaciones sobre la integración de los extranjeros, reconocen su contribución económica.
Expertos destacan que aquí juega un papel fundamental la diferencia en el origen de los inmigrantes con respecto a sus vecinos europeos.
Aproximadamente el 48% de los extranjeros residentes en España son originarios de América Latina, lo que representa el 66% de la inmigración no europea, según datos del Real Instituto Elcano.
Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú son los países que más aportan.
A falta de datos oficiales, el centro de análisis sociológico Funcas estima que, de los más de medio millón de inmigrantes irregulares que podrían beneficiarse de la nueva medida del gobierno, 9 de cada 10 son latinoamericanos.
“Al dominar el idioma, pueden comenzar a trabajar inmediatamente al llegar a España, además de compartir nuestra cultura, valores y, en gran medida, la religión”, sostiene José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y económicas de las migraciones del Real Instituto Elcano.
Argumenta que “esto, a nivel social, supone un choque mucho menos fuerte que el que puede suponer en otros países otro tipo de inmigración, por ejemplo, la procedente de países musulmanes en Francia o en Alemania”.
Alejandro Macarrón coincide en este punto al argumentar que “la facilidad de integración teórica es mucho mayor” ya que “no existe un conflicto como con el yihadismo” u otras corrientes religiosas y culturales.
A pesar de ello, España no ha estado exenta de conflictos relacionados con la inmigración, desde los disturbios de Torre Pacheco el pasado julio –con enfrentamientos entre extranjeros y grupos vecinales y de extrema derecha por una agresión atribuida a jóvenes magrebíes– hasta el reciente desalojo masivo de un edificio ocupado en Badalona tras meses de quejas vecinales por la inseguridad.
Martínez reconoce, en este sentido, que “existe un problema social en España, como en otros países europeos, con una serie de desafíos que también se presentan aquí y que han llevado a otros países a implementar más restricciones”.
BBC Mundo también habló con Silvana Cabrera, portavoz de la plataforma Regularización Ya, un colectivo clave en la presión al gobierno para aprobar la nueva medida.
Cabrera, boliviana residente en España, niega la influencia del “factor latinoamericano”.
“Nosotras no somos partícipes de ese discurso. Creemos que es un discurso totalmente colonialista y racista. Nosotras no somos hermanas. El Reino de España no nos trata como hermanas; nos maltrata y sufrimos el mismo racismo institucional”, sentencia.
La estrategia política
Otro factor que entra en juego, según expertos, es el político, desde la posición ideológica del gobierno español hasta los objetivos que persigue más allá de los declarados públicamente.
“En España hay un gobierno socialdemócrata de centroizquierda, que es más proclive a la cuestión migratoria que países con gobiernos más conservadores”, afirma José Pablo Martínez, investigador del Real Instituto Elcano.
El analista demográfico Alejandro Macarrón lo plantea en términos más críticos: “El caso de España es anómalo, ya que es el único país de Europa Occidental que tiene a la extrema izquierda [en alusión al partido Sumar] en el gobierno. Así como en el resto de Europa se está intentando ordenar la inmigración, que los flujos sean más adecuados al mercado laboral, en España parece que se hace solo política ideológica”.
Esta no es la primera regularización de inmigrantes que se realiza en España y las anteriores han tenido lugar tanto bajo gobiernos del Partido Socialista como del conservador Partido Popular (PP).
El gobierno de José María Aznar, del PP, llevó a cabo tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total, mientras que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero realizó la mayor hasta la fecha en 2005, con 576.000 solicitudes aprobadas.
El historiador Jordi Canal i Morell, historiador español y profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, también critica la divergencia española en el continente.
“Es una medida irresponsable. El tema de la inmigración y las regularizaciones es muy serio y debe tratarse al margen de llamados populistas. Y debe coordinarse con los vecinos y socios europeos”, declara a BBC Mundo.
Por otro lado, expertos señalan que la frágil red de alianzas que mantiene en el poder a Pedro Sánchez le obliga a depender de formaciones más a la izquierda, como Podemos y Sumar.
“El gobierno está ganando tiempo para sobrevivir en un reparto de fuerzas desfavorable y necesita el respaldo de estos partidos, todos ellos favorables a la regularización”, indica el catedrático Joaquín Arango.
Arango cree que ese es el principal motivo por el que el gobierno ha tramitado el real decreto: “Con esta decisión, piensa que puede aumentar sus apoyos parlamentarios y conseguir una mayor supervivencia política”.
Otro objetivo que el experto menciona –más altruista en este caso– es solucionar el problema del alto número de inmigrantes en situación irregular y la creciente acumulación de expedientes de solicitud de asilo que desborda a la administración.
“Esta regularización es una forma de poner orden: al aprobarla se facilitan las cosas y se gana tiempo hasta una futura coyuntura semejante, porque esto volverá a ocurrir. Durante un tiempo largo se puede poner el contador a cero”.
El catedrático puntualiza que, a diferencia de otros países europeos, “en el caso español, el temor a la impopularidad de una medida de este tipo es mucho menor”, ya que su sociedad se ha caracterizado históricamente “por un mayor grado de aceptación de la inmigración”.
“Los estudios sitúan a España entre los países más propicios a la aceptación de la inmigración, a las demandas de asilo y a la protección internacional”, concluye.
