El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, declaró este martes que no retirará del Parlamento el proyecto de ley nº 66.23, relativo a la organización de la profesión de abogado, a pesar de la continuación de la huelga de los abogados y abogadas en protesta por dicho proyecto.
Durante la sesión semanal de preguntas orales ante los consejeros, Ouahbi argumentó que “no se me puede pedir que retire un texto ya presentado ante el Parlamento, ya que la Constitución otorga a este organismo la responsabilidad de deliberar y decidir al respecto”. Añadió que la retirada de un proyecto impediría al poder legislativo ejercer plenamente su función.
El ministro precisó que espera recibir “observaciones escritas” por parte de los profesionales del sector, al tiempo que se mostró dispuesto a “renunciar a cualquier disposición que pueda perjudicar a los abogados o alterar el ejercicio de la profesión”. Según sus declaraciones, “el Parlamento sigue siendo el foro adecuado para transmitir las observaciones de los abogados sobre este texto”, e invitó a las formaciones políticas a señalar los puntos que hayan generado reservas.
Ouahbi insistió en que cualquier acusación de vulneración de la independencia profesional o de las garantías estatutarias debe estar respaldada por pruebas sólidas.
Asimismo, aseguró que acogería favorablemente las críticas más severas, siempre y cuando estas se basen en una voluntad de reforma de la profesión de abogado.
En respuesta al llamamiento a retomar un diálogo directo con la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos (ABAM), el ministro subrayó que cualquier modificación solo podría llevarse a cabo “dentro del ámbito legislativo”, recordando que “no se puede afirmar que no haya habido intercambios después de tres años de discusiones continuas”.
Durante la misma sesión, el ministro abordó el proyecto de creación de la Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Embargados y Confiscados (Agrasc), cuya misión será “vender todos los bienes bajo orden judicial, ya sean resultado de decisiones judiciales u otras autoridades competentes”.
Destacó que existen dispositivos similares en varios estados europeos, como Francia, Bélgica, Italia y los países escandinavos. Como ejemplo, señaló que “la experiencia francesa ha permitido ingresar 1.440 millones de euros al Tesoro Público a través de la venta de bienes embargados”, parte de cuyos ingresos se destinó a indemnizar a “víctimas de delitos como robos o agresiones”.
Ouahbi también precisó que el proyecto afecta a un volumen considerable de bienes, mencionando “cerca de doscientas motocicletas, vehículos todoterreno y relojes de valor”. Recordó que esta iniciativa ha sido objeto de profundas consultas con varios departamentos gubernamentales durante los últimos dos años.
