En julio, después de que una mujer salvadoreña detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sufriera una emergencia médica, los agentes la llevaron a un hospital en el área de Los Ángeles y, según su abogada, esperaron en el vestíbulo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante dos semanas completas. Posteriormente, la trasladaron a otro hospital, donde, según le dijo a su abogada, se instalaron en su habitación y la presionaron para que dijera que estaba lo suficientemente bien para ser dada de alta.
La mera presencia de agentes de inmigración en o cerca de hospitales y clínicas está generando un miedo comprensible.
El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional revocó la política de “áreas protegidas” que durante mucho tiempo había restringido la aplicación de la ley de inmigración en escuelas, hospitales e iglesias. Esta revocación es una señal clara del gobierno federal: los espacios que antes se consideraban seguros de la aplicación de la ley de inmigración ya no lo son.
La simple presencia de agentes de inmigración en hospitales y clínicas de todo el país está generando un miedo comprensible entre muchos pacientes, quienes ahora retrasan o evitan por completo la atención médica. Una encuesta de KFF/The New York Times a inmigrantes publicada en noviembre reveló que “el aumento de la actividad de aplicación de la ley de inmigración por parte del presidente [Donald] Trump ha contribuido a niveles resonantes de miedo e incertidumbre entre la comunidad inmigrante, lo que puede afectar negativamente la salud y el bienestar de las familias inmigrantes y hacer que sean más reacias a acceder a cobertura de salud y atención médica”.
Este miedo no se limita a las personas que no tienen estatus legal. Janell Johnson Thiele, enfermera en el Hennepin County Medical Center en Minneapolis, le dijo a MedPage Today que incluso algunos ciudadanos estadounidenses están dudando en buscar atención si tienen acento. También les preocupa que puedan ser objeto de perfiles según su apariencia. El miedo tampoco se limita a los pacientes y sus familias. El DHS emitió una citación judicial el 8 de enero al Hennepin Healthcare para obtener sus formularios I-9, que documentan la verificación de la elegibilidad para el empleo, y un empleado le dijo a una estación de televisión local: “Mis compañeros de trabajo han visto a ICE en el edificio. La gente tiene miedo de venir a trabajar”.
“La Asociación Médica Estadounidense está profundamente preocupada por los informes de actividades de aplicación de la ley de inmigración en hospitales y salas de emergencia, una táctica que alimenta el miedo entre los pacientes y el personal hospitalario”, afirmó la organización médica más grande y antigua del país la semana pasada. “Cuando las personas tienen miedo de buscar atención médica para sí mismas o para sus familias, esto amenaza su salud, impide la capacidad de los médicos para brindar atención y, en última instancia, socava la confianza básica en nuestras instituciones de atención médica”. Cuando el organismo líder de la profesión emite una alarma de este nivel, refleja un riesgo sistémico, no una molestia localizada.
Desde el sur profundo, incluidos Luisiana y Mississippi, hasta el noroeste del Pacífico, hay informes de inmigrantes que omiten la atención para evitar ser detenidos. En Portland, Oregón, un sindicato de enfermeras ha expresado su preocupación de que los agentes de ICE estén presionando a enfermeras y médicos para que omitan evaluaciones, pruebas o monitoreos para que los detenidos sean dados de alta más rápidamente.
Un sistema de atención médica no puede funcionar de manera segura cuando los médicos tienen miedo de ir a trabajar o se distraen con la posibilidad de que la actividad de aplicación de la ley estalle en medio de la atención. El miedo degrada la atención, el juicio y la confianza. Aumenta el agotamiento y el absentismo, y debilita a los equipos. En última instancia, compromete la atención de todos los pacientes.
La aplicación de la ley de ICE dentro y alrededor de las instalaciones médicas es un problema que va más allá de la política de inmigración: es un problema social y cultural sobre la disparidad de seguridad dentro de las instituciones públicas y la experiencia del poder estatal en el punto de atención. Cuando buscar ayuda médica conlleva incluso un riesgo percibido de interrogatorio, detención o identificación errónea, es una respuesta racional evitarlo.
Uché Blackstock, M.D., es la fundadora y directora ejecutiva de Advancing Health Equity, autora del libro más vendido “LEGACY: A Black Physician Reckons with Racism in Medicine” y ex colaboradora médica de MSNBC y NBC News.
