Un grupo conservador ha presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener fotografías y videos relacionados con un ataque a una instalación de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.
Judicial Watch, una organización de defensa conservadora con sede en Washington, D.C., interpuso la demanda el miércoles ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, después de que funcionarios de ICE no respondieran a una solicitud de julio para obtener videos, fotografías y grabaciones de cámaras corporales que documentaran el ataque a la instalación de detención Prairieland en Alvarado el 4 de julio.
Funcionarios de ICE reconocieron la solicitud de Judicial Watch seis días después, pero el grupo, según indica la presentación de cuatro páginas, no ha recibido respuesta adicional de la agencia.
Judicial Watch alega que ICE no ha determinado si cumplirá con la solicitud, proporcionará los documentos o justificará por qué están exentos.
Un mensaje en busca de comentarios de funcionarios del DHS no recibió respuesta inmediata el jueves.
El ataque, perpetrado por un grupo de sospechosos, algunos equipados con equipo táctico, tuvo como objetivo vandalizar la instalación y perturbar sus operaciones. Durante el incidente, un oficial que respondía resultó herido de bala en el cuello. Las autoridades federales anunciaron cargos contra 10 sospechosos días después, mientras el oficial herido continuaba recuperándose.
“Esta escalada de violencia es incomprensible, y los responsables deberán rendir cuentas ante la ley”, declaró Todd Lyons, director interino de ICE. “Esto es precisamente lo que hemos estado advirtiendo, a medida que la desinformación y la retórica política peligrosa se propagan. Agradecemos a los oficiales de la policía de Alvarado que respondieron y nos alegramos de que el oficial herido haya sido dado de alta del hospital.”
Días antes del ataque, un activista armado disparó a un oficial de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas.
En noviembre, un gran jurado federal en el norte de Texas acusó a nueve operativos de Antifa y a otros siete vinculados al ataque del 4 de julio. Los fiscales alegan que el grupo era miembro de una célula de Antifa en el norte de Texas y parte de una empresa militante más grande que buscaba derrocar al gobierno de los Estados Unidos.
“La emboscada a la instalación de ICE en Prairieland fue un resultado predecible de años de retórica anti-ICE y anti-seguridad fronteriza por parte de funcionarios demócratas”, declaró Tom Fitton, presidente de Judicial Watch. “Los medios de comunicación y la izquierda radical etiquetan repetidamente a los agentes de ICE como ‘racistas’ y ‘secuestradores’, creando un clima propicio para ataques terroristas internos.”
El presidente Trump designó a Antifa como una “empresa militarista y anarquista” en una orden ejecutiva emitida en septiembre.
“Utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo en todo el país para lograr estos objetivos”, dice la orden. “Esta campaña implica esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales a través de enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, agresiones violentas contra agentes de Inmigración y Control de Aduanas y otros agentes del orden, y el rutinario ‘doxing’ y otras amenazas contra figuras y activistas políticos.”
