La exitosa Billie Eilish, de 24 años, con una fortuna estimada en cincuenta millones de dólares y propietaria de una villa de tres millones en Los Ángeles, acaparó titulares no solo por su premio Grammy al mejor tema, “Wildflower”, sino también por sus controvertidas declaraciones al recibirlo. La cantante aprovechó el momento para criticar duramente a la policía migratoria estadounidense, ICE, afirmando: “Nadie es ilegal en tierras robadas… ¡que le den a ICE!”
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La ironía no pasó desapercibida en redes sociales: la propia mansión de Eilish se encuentra construida sobre territorio ancestral del pueblo Tongva, la población indígena original de Los Ángeles, lo que, según la artista, constituiría una “tierra robada”. Las reacciones no tardaron en llegar, desde comentarios sarcásticos sugiriendo que, dada su postura, podría alojar a inmigrantes indocumentados en su hogar, hasta acusaciones de hipocresía.
La firma de abogados Sinai, especializada en desahucios en Los Ángeles, incluso llegó a publicar en X (antes Twitter) una oferta para desalojar a Billie Eilish de su casa en nombre del pueblo Tongva, argumentando que su reconocimiento de vivir en “tierra robada” otorgaba al pueblo indígena el derecho a reclamar la propiedad. Aunque la firma aclaró posteriormente que se trataba de una broma, el incidente pone de manifiesto la delicadeza del tema y la controversia generada por las declaraciones de la cantante.
El debate trascendió las redes sociales y llegó al ámbito académico. La Washington Post encargó un análisis a Richard Epstein, profesor de derecho en la Universidad de Chicago, y Max Raskin, profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, para determinar si el terreno sobre el que se asienta la casa de Eilish puede considerarse realmente “tierra robada”.
Bajo el título “No, Billie Eilish, los estadounidenses no son ladrones en tierras robadas”, los profesores Epstein y Raskin argumentan que la teoría de Eilish sobre la propiedad es insostenible. Si bien reconocen que la primera parte de su declaración (“Nadie es ilegal”) resonó con sus seguidores y se dirigió contra el expresidente Donald Trump y la agencia de control de inmigración y aduanas, la segunda parte se basa en una visión popular pero cuestionable del derecho a la tierra. Según los expertos, sin la regla del jus tertii –el derecho de un tercero–, que impide la ocupación de tierras previamente robadas a otros, la propiedad y la riqueza no podrían tener una base segura.
