En una controvertida decisión tomada el viernes por la noche, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó la política de la administración Trump de detener a casi todos los individuos que enfrentan deportación sin fianza, incluso aquellos sin antecedentes penales y que han residido en los Estados Unidos durante décadas.
La decisión, dictaminada por un panel de tres jueces dividido, revierte tres décadas de precedentes federales y contradice miles de fallos judiciales de menor instancia en todo el país, según informó Politico.
“El hecho de que administraciones anteriores hayan decidido utilizar menos de su plena autoridad de aplicación… no significa que carecieran de la autoridad para hacer más”, escribió la jueza Edith Jones, nombrada por Reagan, en la opinión mayoritaria de 2 a 1.
El fallo del tribunal de apelaciones, con sede en Nueva Orleans y de tendencia conservadora, representa una victoria para la administración MAGA y supone una ruptura significativa con la práctica estándar de permitir audiencias de fianza en casos de deportación, una práctica que ha sido respaldada por la “gran mayoría” de los jueces en todo el país, de acuerdo con el medio.
“Una revisión de Politico de miles de casos de detención de ICE reveló que al menos 360 jueces rechazaron la estrategia de detención ampliada – en más de 3,000 casos – mientras que solo 27 la respaldaron, en aproximadamente 130 casos”, detalló el informe.
A pesar del fallo del viernes por la noche, expertos legales predicen que el caso probablemente terminará en la Corte Suprema, donde los jueces conservadores elegidos por Trump tienen una supermayoría.
Sin embargo, según Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, la decisión es “terribles noticias para el debido proceso”.
“Esta decisión eliminará la posibilidad de liberación bajo fianza para decenas de miles de personas detenidas o transportadas a Texas, Louisiana y Mississippi por ICE”, escribió Reichlin-Melnick el viernes. “Esta decisión revierte 30 años de interpretación de una ley aprobada en 1996”.
