Por Yohuru Williams, Profesor de Historia, Universidad de St. Thomas y Michael J. Lansing, Profesor de Historia, Universidad de Augsburg.
Entrar a la fuerza en hogares sin orden judicial. Arrestar a periodistas que cubren protestas. Desafiar decenas de órdenes federales. Matar a ciudadanos estadounidenses por incumplimiento. Preguntar a observadores constitucionalmente protegidos esta escalofriante pregunta: “¿No han aprendido?”.
Esta es la vida cotidiana en Minnesota. La Operación Metro Surge, presentada oficialmente como una iniciativa de aplicación de la ley migratoria, se ha convertido en algo más trascendental: una prueba de resistencia constitucional. ¿Pueden las protecciones constitucionales resistir las acciones de un gobierno federal aparentemente empeñado en violar agresivamente el estado de derecho?
En Minneapolis, una ciudad que aún se enfrenta a su propia y sombría historia en materia de aplicación de la ley, la operación federal plantea preguntas fundamentales sobre la aplicación de la ley y los límites del poder ejecutivo.
Académicos del derecho y defensores de los derechos civiles están especialmente preocupados por las continuas violaciones de la Primera, Segunda, Cuarta y Décima Enmienda, al igual que otros observadores, incluyendo a historiadores como nosotros.
Un catálogo de violaciones
Las preocupaciones de la Primera Enmienda surgen de informes que indican que agentes de ICE –descritos por algunos académicos como una fuerza paramilitar– y la Patrulla Fronteriza han utilizado fuerza excesiva, así como métodos de vigilancia avanzados contra sospechosos, observadores y periodistas. Cuando la actividad policial obstaculiza los derechos a reunirse, documentar y criticar la acción gubernamental, se restringen esos derechos, y las consecuencias se extienden más allá de cualquier manifestación individual. Estos derechos no son periféricos a la democracia; son centrales para ella.
Los problemas de la Segunda Enmienda surgieron tras el fatal tiroteo de Alex Pretti, legalmente armado, en Minneapolis. Altos funcionarios de la administración afirmaron que los estadounidenses no podían portar armas de fuego en las protestas, a pesar de la interpretación establecida de que, en la mayoría de los estados, incluido Minnesota, una persona con permiso legal para portar un arma podía hacerlo en tales eventos. Esta afirmación fue, de hecho, contraria al apoyo de la administración Trump a los derechos de armas.
Gracias a los videos que inundan las redes sociales, las preocupaciones de la Cuarta Enmienda son las más conocidas. Se denuncian entradas a domicilios sin orden judicial, detenciones, intimidación y confiscación de observadores legales, y detención de sospechosos por su apariencia o acento. Estas son claras violaciones de las salvaguardias de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, que fueron adoptadas para prevenir el ejercicio de un poder gubernamental arbitrario.
Finalmente, la Décima Enmienda es el núcleo de las demandas legales de Minnesota contra el gobierno federal.
Una demanda impugna la negativa del gobierno federal a permitir que la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota investigue los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti. Otra desafía los esfuerzos por presionar a los gobiernos locales para que ayuden a la aplicación de la ley migratoria federal. Estas disputas implican el federalismo en sí mismo: la división constitucional de la autoridad entre los estados y el gobierno federal que es la base del sistema estadounidense.
La acumulación masiva y rápida de estas presuntas violaciones constitucionales –que actualmente se están tramitando en los tribunales– en una sola ubicación geográfica es sorprendente. También lo son las renuncias masivas de la oficina del fiscal federal del estado, que es responsable de representar al gobierno federal en estos casos.
Y también lo es el contexto histórico más profundo.
Un retroceso en la supervisión constitucional federal
A partir de 1994, la intervención federal se convirtió en una poderosa herramienta correctiva cada vez que la policía local violaba los derechos constitucionales.
Desde Newark hasta Nueva Orleans, la supervisión federal no siempre fue bienvenida, pero fue frecuentemente necesaria para hacer cumplir la igualdad de protección y el debido proceso.
La supervisión federal ha sido esencial para hacer cumplir los derechos civiles cuando los municipios no lo hacían. El monitoreo activo de la policía en esas ciudades mantuvo a los oficiales y administradores responsables y alentó a los oficiales a seguir los estándares constitucionales. En esencia, lo que los expertos llaman “policía constitucional” requiere que el uso de la autoridad del gobierno para garantizar el orden sea justificado, limitado y sujeto a supervisión.
En este sentido, después del asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020, el informe del Departamento de Justicia de EE. UU. de 2023 sobre la policía en Minneapolis identificó patrones y prácticas cuestionables. Estos problemas incluían el uso “irrazonable” de la fuerza letal, el perfil racial y la represalia contra los periodistas. El decreto de consentimiento propuesto por el Departamento de Justicia, basado en la “policía constitucional”, ofreció un camino a seguir.
Pero en mayo de 2025, el Departamento de Justicia, bajo el liderazgo de Pam Bondi, nombrada por el presidente Donald Trump, retiró el acuerdo recomendado.
Siete meses después, la Operación Metro Surge desplegó miles de agentes federales en Minnesota con una filosofía de aplicación de la ley marcadamente diferente.
De hecho, la reciente expansión de la autoridad de aplicación de la ley federal en Minnesota siguió a un retroceso en la supervisión constitucional federal.
Quitando las esposas
Una orden ejecutiva presidencial, firmada por Trump a finales de abril de 2025 y titulada “Fortalecimiento y liberación de la aplicación de la ley estadounidense para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes”, prometió eliminar lo que se describieron como “esposas” de la policía.
Poco después, la administración desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en medio de protestas migratorias.
Aunque un juez federal rechazó posteriormente la justificación legal de ese despliegue, en agosto de 2025 el presidente envió fuerzas de la Guardia Nacional a Washington, D.C., supuestamente para reducir el crimen. En septiembre de 2025, Trump describió las ciudades estadounidenses como posibles “campos de entrenamiento” para el ejército para enfrentarse a lo que llamó el “enemigo interno”.
Cada episodio refleja una visión cada vez más expansiva de la autoridad del poder ejecutivo.
Queda por ver si la Operación Metro Surge resistirá el escrutinio judicial. Numerosas demandas continúan tramitándose en los tribunales.
Pero la pregunta más amplia ya está clara: cuando, en nombre de la seguridad, el poder ejecutivo desafía directamente tantas protecciones de la Carta de Derechos a la vez, ¿cuánta tensión puede absorber el sistema legal estadounidense? ¿Sobrevivirán los derechos constitucionales básicos a este momento?
Lo que está sucediendo en Minnesota no es simplemente una historia de aplicación de la ley local. Es una prueba de si la Constitución tal como la conocemos sobrevivirá.
