El asambleísta Mark González y la senadora estatal María Elena Durazo han presentado un proyecto de ley denominado “GTFO ICE” (Get The Federals Out ICE/Saquen a los Federales de ICE) que busca prohibir a personas involucradas en la aplicación de leyes de inmigración de manera irregular ocupar cargos públicos en California entre 2025 y 2029. Esto incluye puestos como agentes de policía, maestros, jueces, trabajadores sociales, oficiales de seguridad escolar y cualquier funcionario público responsable del cuidado, la seguridad y el bienestar de las comunidades.
Aún no presentado formalmente a la legislatura californiana, el proyecto de ley tiene como objetivo disuadir a los agentes federales de hostigar a las comunidades y garantizar que los funcionarios públicos respeten los derechos humanos y el debido proceso legal. Se estima que la medida afectaría a aproximadamente 250,000 empleados estatales y casi dos millones de trabajadores de gobiernos locales que pudieran unirse a las filas de las autoridades migratorias.
La iniciativa se dirige específicamente a agentes federales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la Patrulla Fronteriza que han empleado la violencia durante redadas migratorias y que, según denuncian, han vulnerado los derechos humanos, civiles y constitucionales de inmigrantes, residentes legales y ciudadanos estadounidenses.
La presentación del proyecto de ley tuvo lugar en la Plaza de la Democracia “Norman Mineta” del Museo Nacional Japonés Americano. Anne Burroughs, presidenta y directora ejecutiva de JANM, recordó que en ese mismo lugar, en 1942, tras la firma de la Orden Ejecutiva 9066, miles de estadounidenses de origen japonés en Los Ángeles fueron obligados a abandonar sus hogares y propiedades para ser internados en campos de concentración.
Burroughs señaló que, tras el ataque a Pearl Harbor y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, más de 125,000 personas de ascendencia japonesa fueron consideradas “enemigos” de Estados Unidos y encarceladas ilegalmente por el gobierno de Franklin D. Roosevelt.
“Este museo fue fundado para recordar y conmemorar la verdad de lo que sucedió aquí en 1942, para que nunca vuelva a ocurrir”, declaró Burroughs. “Sin embargo, la historia se repite en nuestra ciudad, en nuestro estado y en todo el país. ICE y CBP operan como una milicia sin ley, sembrando el terror en las comunidades inmigrantes, desapareciendo personas y destruyendo familias a través de detenciones y deportaciones, e incluso causando la muerte.”
El 14 de agosto de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una redada en la misma plaza de Little Tokyo, mientras el gobernador Gavin Newsom ofrecía una rueda de prensa sobre la redistribución de distritos electorales. Ángel Minguela Palacios, un repartidor de frutas, fue arrestado por agentes de CBP comandados por Greg Bovino, permaneció encarcelado en Arizona y fue liberado en septiembre.
California establece un límite
“El mensaje es claro: si eligen aterrorizar a las comunidades en lugar de servirlas, California no los recompensará con un salario público”, enfatizó el asambleísta Mark González.
El proyecto de ley, según González, es preciso y contempla excepciones para conductas ya permitidas bajo la Ley SB 54 de California (Ley de Valores de California o Ley Santuario), una legislación histórica que protege la confianza de la comunidad.
González recalcó que la intención no es castigar conductas lícitas, sino exigir rendición de cuentas y salvaguardar la integridad de las agencias públicas de California, garantizando que quienes ostenten el poder en el estado crean en el estado de derecho, no en el gobierno por el miedo.
“California celebra la diversidad, protege sus tradiciones, avanza unida y no se acobarda ante el autoritarismo”, afirmó el legislador. “Los campos de internamiento para japoneses eran legales, estaban autorizados y fueron implementados por personas que simplemente cumplían con su trabajo. Por eso California está marcando un límite ahora.”
Sin mencionar directamente a la administración Trump, González se dirigió irónicamente a aquellos que se alinearon con las políticas migratorias, negándose a identificarse (porque estaban enmascarados) y tratando a los seres humanos como “objetivos desechables”, diciéndoles: “Buena suerte para encontrar trabajo aquí [en California].”
“¡Váyanse! Porque California elige la dignidad sobre la crueldad, la ley sobre la anarquía y a las personas sobre el poder. Nuestras comunidades merecen ser protegidas, nuestros hijos merecen ser defendidos, nuestra dignidad no es negociable. Hasta que la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un torrente impetuoso, nos mantendremos firmes, lucharemos y no nos detendremos”, expresó González.
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, agencias de control de inmigración como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han recibido órdenes de llevar a cabo redadas agresivas, indiscriminadas y mortales, al estilo militar.
Para respaldar estas acciones, la administración aprobó la Ley H.R. 1 (La gran hermosa ley), que asignó más de 170 mil millones de dólares para las redadas, destinando 75 mil millones de dólares directamente a ICE, lo que permitió a la agencia ofrecer bonificaciones de 50,000 dólares por contratación y contratar agentes con escasa cualificación.
Debido a que las oficinas de campo de ICE tienen cuotas para detener al menos a 75 personas indocumentadas por día, agentes enmascarados de ICE y CBP han estado secuestrando a personas por la fuerza en las calles sin previo aviso, sin el debido proceso y sin respetar los derechos humanos ni la ley.
Mark González calificó las acciones de la administración Trump como “terrorismo de Estado”, enfatizando que forman parte de un patrón creciente y peligroso de abuso de poder federal dirigido contra aquellos a quienes se supone que deben servir.
“Conocemos este modus operandi. Nuestros barrios han vivido con rabia, intimidación y miedo durante años. Esto no es abstracto, es personal. ICE ejecutó públicamente a Renee Good, arrebató por la fuerza a un niño de cinco años de su familia y asesinó a un manifestante pacífico a plena luz del día [Alex Pretti]. ICE no tiene vergüenza, no le importa. ICE impone el miedo, destruye familias y traiciona la humanidad que dice proteger. No guardaremos silencio, no nos doblegaremos ante el miedo.”
El auge del fascismo
El proyecto de ley del asambleísta Mark González cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, incluyendo Advancing Justice Southern California, Central American Resource Center of Los Angeles (CARECEN), Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Salvadoran American Leadership and Education Fund (SALEF), Homies Unidos, SEIU 2015, Proyecto Pastoral Dolores Mission y Korean Immigrant Workers Alliance (KIWA) y LA vs. Hate.
La senadora estatal María Elena Durazo (Demócrata/Los Ángeles) señaló que lo que el pueblo estadounidense está presenciando es el crecimiento del fascismo.
Durazo recordó que, desde el 20 de enero de 2025, la aplicación de la ley de inmigración se ha transformado en algo irreconocible: una fuerza autoritaria militarizada que opera sin órdenes judiciales, sin rendición de cuentas y sin ningún sentido de humanidad.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza están contando agujeros de bala en lugar de brindar asistencia médica a personas como Alex [Pretti/ejecutado en Minneapolis el 24 de enero de 2026]. Los agentes disparan a matar, entran en los hogares sin órdenes judiciales. Su objetivo es crear un clima de puro terror.”
Durazo destacó que nunca habían considerado proponer una legislación para impedir que alguien trabajara en un cargo público en California, porque antes existían reglas, “y esas reglas ya no existen bajo esta administración Trump.”
Edith Chacón, miembro de Homies Unidos, expresó su apoyo al proyecto de ley tras observar el impacto negativo de las redadas en su comunidad.
“Conozco a cuatro familias que se quedaron sin sustento”, dijo. “Las personas que se quedaron encargadas de los niños tienen miedo de llevarlos a la escuela y no podemos permitir que eso siga sucediendo.”
Por su parte, Henry Pérez, director ejecutivo de Inner City Struggle, consideró que aquellos que hayan firmado contrato con ICE o CBP lamentarán haberlo hecho por ambición económica y verán la ley como un castigo.
“Tenemos que tomar medidas firmes ante lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Quienes participan en las acciones de esta administración están cometiendo atrocidades, están quebrantando la ley y deben pagar las consecuencias. Es necesario detener su brutalidad.”
