Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco levantó temporalmente este lunes el bloqueo de un tribunal inferior al plan de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 89,000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, según informó Reuters.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. suspendió una decisión de diciembre de la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Trina Thompson, en San Francisco, que había impedido la terminación de las protecciones contra la deportación. El panel de tres jueces determinó que el gobierno probablemente podría demostrar que existían razones “legítimas” para poner fin al programa para los inmigrantes de esos países, y consideró que el proceso de toma de decisiones “no fue arbitrario ni caprichoso”.
Newsweek se comunicó por correo electrónico el lunes con la Alianza Nacional de TPS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para solicitar comentarios.
¿Qué es el Estatus de Protección Temporal?
El Congreso autorizó el TPS como parte de la Ley de Inmigración de 1990. Permite al secretario del DHS otorgar un estatus migratorio legal a personas que huyen de países que experimentan disturbios civiles, desastres ambientales u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden un regreso seguro a su país de origen.
Honduras y Nicaragua recibieron políticas de TPS a fines de la década de 1990 debido al catastrófico huracán Mitch que azotó sus países. Nepal obtuvo el suyo en 2015 después de un devastador terremoto.
¿Quién se beneficia del TPS?
Bajo el TPS, las personas de naciones que experimentan conflictos armados, desastres ambientales, epidemias u otras condiciones extraordinarias no pueden ser expulsadas o detenidas por el DHS.
También se les puede permitir trabajar o viajar. El TPS es una protección temporal, pero las personas aún pueden solicitar otros beneficios o protecciones de inmigración mientras estén bajo el programa.
Lo que debes saber
En julio, la secretaria del DHS, Kristi Noem, buscó poner fin al TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua, argumentando que las naciones se habían recuperado de los desastres ambientales que originalmente justificaron las protecciones. La decisión de Noem siguió la agenda migratoria más amplia de la administración Trump, con el presidente Donald Trump haciendo de la seguridad fronteriza, las deportaciones masivas y el fin de los beneficios federales para las personas que ingresan al país ilegalmente, prioridades clave durante su segundo mandato.
En diciembre, Thompson bloqueó la orden de terminación de Noem en un fallo de 52 páginas, al considerar que la administración no había considerado adecuadamente las condiciones en los tres países que impedirían que los migrantes regresaran de forma segura. La jueza también expresó su preocupación de que el animus racial pudo haber motivado las terminaciones, citando declaraciones de Noem y Trump que retrataban a los inmigrantes como criminales y una carga para la sociedad.
La Alianza Nacional de TPS impugnó la decisión de Noem, argumentando que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. En respuesta a la orden de bloqueo de Thompson, la secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, acusó al poder judicial de usurpar la autoridad del presidente con “otra orden activista e ilegal”.
El panel del Noveno Circuito, compuesto por los jueces Stephen Hawkins (nombrado por el ex presidente Bill Clinton), Consuelo Callahan (nombrada por el ex presidente George W. Bush) y Lawrence Miller (nombrado por Trump), revirtió el rumbo el lunes.
Si bien Callahan y Miller parecen haber redactado el análisis principal, Hawkins escribió una opinión concurrente separada, estando de acuerdo con el resultado basándose en la reciente orientación de la Corte Suprema. El tribunal determinó que el gobierno probablemente tendría éxito en demostrar que el proceso de toma de decisiones de Noem fue racional y no arbitrario ni caprichoso.
Lo que dicen
Noem, respondiendo a la decisión en X: “Una victoria para el estado de derecho y una reivindicación para la Constitución de EE. UU. Bajo la administración anterior, el Estatus de Protección Temporal fue abusado para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas para la seguridad nacional. El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, sin embargo, administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas.
“Dada la situación mejorada en cada uno de estos países, estamos concluyendo sabiamente lo que estaba destinado a ser una designación temporal”.
Myal Greene, presidenta de World Relief, en un comunicado de prensa sobre el TPS en septiembre: “La administración dice que está deportando a inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, pero muchos estadounidenses han pasado por alto cuántas de las personas que ahora enfrentan la detención y la deportación estaban aquí completamente legalmente hasta que la administración canceló su TPS o parole humanitario. Trágicamente, eso pone a las personas en riesgo de deportación a países como Venezuela que enfrentan profundas crisis humanitarias, enviándolas a manos de un gobierno dictatorial que EE. UU. no reconoce como legítimo”.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, en X: “Esta es una victoria legal crucial de @TheJusticeDeptattorneys que ayuda a allanar el camino para las continuas deportaciones del presidente Trump. Como determinó el tribunal, “el gobierno probablemente prevalecerá en su argumento” de que poner fin al Estatus de Protección Temporal para algunos inmigrantes es una política sólida y legal. Estamos orgullosos de representar a la administración Trump en la corte todos los días”.
¿Qué sigue?
El levantamiento temporal del bloqueo por parte del tribunal de apelaciones significa que la administración puede proceder con la finalización del TPS para los tres países mientras se considera la apelación completa.
