Un juez federal ha ordenado al gobierno de Estados Unidos que proporcione atención médica adecuada, acceso a abogados, y “ropa y mantas apropiadas para la temperatura” a los detenidos en un centro de detención de inmigrantes en California. La orden, emitida el martes, responde a una demanda presentada en noviembre por siete personas detenidas en el centro de detención de California City, quienes alegaron haber sido privados de medicamentos esenciales, alimentos suficientes y condiciones sanitarias adecuadas.
Anteriormente, los residentes del centro describieron el lugar como una “cámara de tortura” y un “infierno en la tierra” en entrevistas con The Guardian. La orden judicial exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) garantizar que la instalación, operada por la corporación privada de prisiones CoreCivic, proporcione “personal de atención médica adecuado” y “acceso oportuno a los medicamentos recetados”, así como acceso a abogados a través de reuniones en persona y telefónicas, ropa adecuada a la temperatura y acceso a espacios al aire libre por al menos una hora al día.
El juez Maxine M. Chesney también ordenó al gobierno “proporcionar acceso a un monitor independiente y cualificado de terceros” para permitir la “revisión de los registros médicos y la inspección in situ y las entrevistas con pacientes y personal”.
“La mayoría de las personas detenidas en California City no tienen antecedentes penales, y sin embargo el gobierno las trata peor que a los delincuentes más peligrosos”, declaró Cody Harris, socio del bufete de abogados Keker, Van Nest & Peters, que representa a los demandantes junto con la Oficina de Derecho Penitenciario y el Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.
Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, afirmó: “Trabajamos estrechamente con nuestro socio gubernamental para garantizar que proporcionamos todos los servicios requeridos y cumplimos con los estándares aplicables”.
Tricia McLaughlin, secretaria asistente del DHS, respondió que la orden del juez Chesney era “innecesaria y superflua”, dado que la política médica del DHS “supera con creces” su orden. Aseguró que a todos los detenidos se les proporciona comida, agua, tratamiento médico y oportunidades para comunicarse con sus familiares y abogados, recibiendo un debido proceso legal. Además, señaló que se proporciona atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra en custodia de ICE, incluyendo servicios médicos, dentales y de salud mental, así como acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas del día. “Esta es la mejor atención médica que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó.
El centro de detención de California City, ubicado al este de Bakersfield en el desierto de Mojave, abrió sus puertas en agosto como parte de los esfuerzos de la administración Trump para aumentar la capacidad de los centros de detención de ICE. Al mes siguiente, los inmigrantes detenidos allí iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones. Un mes después de que los demandantes presentaran su demanda en noviembre, los abogados presentaron una moción de emergencia solicitando que Chesney ordenara a ICE que proporcionara atención médica de emergencia a dos hombres detenidos allí. En enero, los senadores estadounidenses de California, Alex Padilla y Adam Schiff, inspeccionaron la instalación.
En septiembre, seis personas detenidas en el centro compartieron con The Guardian relatos de condiciones precarias y presuntos malos tratos por parte del personal. Afirmaron que el personal no estaba proporcionando sistemáticamente los medicamentos diarios a las personas, y algunos detenidos se desmayaron debido a problemas de salud; las pequeñas raciones de comida dejaban a la gente hambrienta, y algunos dijeron que racionaban las comidas.
“Este lugar está construido para quebrarnos”, dijo Sokhean Keo, un detenido en California City que enfrenta la deportación a Camboya, en una entrevista.
Entre los siete demandantes se encuentran Yuri Alexander Roque Campos, quien afirma que se le negaron medicamentos “durante días” para una anomalía cardíaca que requiere control y medicación diarios; Fernando Viera Reyes, quien dijo que se le negó el acceso a un médico para el tratamiento de su cáncer de próstata; y Fernando Gomez Ruiz, quien dijo que no había recibido insulina regular para su diabetes mientras estaba detenido.
