La multinacional Philips enfrenta una creciente controversia legal en México por presuntos defectos en sus respiradores, los cuales habrían contribuido a la muerte de miles de pacientes durante la pandemia de COVID-19. Familiares de las víctimas han presentado una demanda colectiva, respaldada por un grupo de abogados pro bono, acusando a la empresa de negligencia.
Sin embargo, el avance de esta demanda y otra presentada por el distribuidor de los respiradores, Healthcare Systems de México, se ha visto obstaculizado por decisiones judiciales. Las juezas Arantxa Ramírez Villafuerte y Lidia Verónica Guerrero Quezada, de la Ciudad de México, han sido denunciadas ante Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, por presunto incumplimiento de sus responsabilidades administrativas.
Alma Pamela Díaz Juárez, quien perdió a su esposo, Jorge Carlos Martínez Martínez, tras ser intubado con un respirador Philips, expresó su indignación: “Están protegiendo a Philips porque es una multinacional millonaria. En otros países han pagado a las familias de los fallecidos, ¿por qué aquí no? Es una corrupción inaceptable del Poder Judicial”.
El caso se remonta a febrero de 2024, cuando Philips fue sentenciada a pagar 478 millones de pesos a Healthcare Systems de México (expediente 1087/2024). No obstante, la jueza Guerrero Quezada otorgó un amparo a Philips, impidiendo el pago (expediente 358/2025). Según la queja presentada por el abogado Luis Miguel Velasco Lizárraga, la jueza Guerrero Quezada demostró “notoria ineptitud” y favoreció los intereses de la empresa.
Además, se acusa a Philips de no cumplir con el acuerdo de reemplazar cuatro mil respiradores defectuosos que continúan en uso en hospitales públicos y privados del país.
Paralelamente, la abogada Genny Margarita Amelio Mena ha presentado una queja contra la jueza Arantxa Ramírez Villafuerte y su secretaria, Nondehui Lila Miranda Gutiérrez, por desechar la demanda colectiva al exigir a los familiares de las víctimas acreditar su calidad de albaceas, un requisito no contemplado en la legislación aplicable a las acciones colectivas. Se argumenta que esta decisión vulnera los derechos de las víctimas indirectas, quienes, según la Suprema Corte, tienen derecho a reclamar daños de forma autónoma.
Los abogados de la demanda colectiva han apelado la decisión de la jueza Ramírez Villafuerte, y el caso ha sido turnado a la magistrada Sara Olimpia Reyes García. Confían en que el tribunal colegiado admita la demanda y permita que continúe su curso. Jesús Ramírez Olvera, esposo de una víctima, expresó su esperanza de que se haga justicia y se reconozca el daño causado por los respiradores defectuosos.
