Por Enrique Romero Razo
La realidad social a menudo evoluciona más rápido que el marco legal establecido, presentando situaciones novedosas que requieren atención jurídica. Un claro ejemplo de esto es la maternidad asistida mediante gestación subrogada, un proceso en el que una pareja con dificultades para concebir recurre a otra mujer para llevar a término un embarazo logrado a través de fertilización in vitro.
En estos casos, el bebé nace de una mujer que no tiene relación genética con él. Esto plantea desafíos legales al momento de registrar al niño, ya que la legislación de muchas entidades federativas mexicanas carecía de un procedimiento claro para reconocer a los padres biológicos.
Ante esta falta de regulación, una pareja intentó sin éxito un proceso de información ad perpetuam, lo que llevó a la presentación de un juicio de amparo que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Pleno de la Corte resolvió la Contradicción de Tesis número 159/2025, determinando que, en ausencia de una ley específica, la vía jurisdiccional voluntaria es el camino adecuado para que un juez ordene al Registro Civil inscribir al bebé como hijo de sus padres biológicos, y no de la gestante.
La Suprema Corte estableció condiciones estrictas para esta inscripción: un contrato de gestación subrogada ratificado ante notario público, el consentimiento libre e informado de todas las partes ante el juez, y una verificación exhaustiva para descartar cualquier forma de coerción, abuso o violencia reproductiva. Solo cumpliendo estos requisitos, se podrá registrar al menor de acuerdo con su filiación biológica.
La Corte enfatizó que este criterio, ahora obligatorio para todos los tribunales del país, protege el derecho humano del niño a la identidad y el interés superior de la niñez.
La resolución fue emitida recientemente por la nueva integración de la Suprema Corte, con la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Esta decisión representa un avance significativo en la adaptación del marco jurídico a las necesidades sociales, priorizando la protección de los derechos humanos, especialmente los de los niños y niñas en México.
