A partir de 2026, toda persona que gestione recursos públicos estará obligada a contratar una póliza de seguro para cubrir el riesgo de daños patrimoniales. Esta nueva normativa abre una oportunidad para las compañías aseguradoras.
La medida busca proteger el patrimonio público ante posibles incidentes o errores en la gestión de fondos y activos estatales. La obligatoriedad de la póliza implica que cualquier entidad o individuo responsable de administrar recursos públicos deberá asumir el costo de la cobertura de seguros.
Para las empresas del sector asegurador, esta regulación representa una expansión del mercado y la posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios adaptados a las necesidades específicas de la administración pública. Se espera que la demanda de este tipo de pólizas aumente significativamente en los próximos años.
