Por Alex Baumhardt, Oregon Capital Chronicle
Salem, Oregón – Las disputas legales en curso sobre el intento del presidente Donald Trump de enviar cientos de efectivos de la Guardia Nacional de Oregón, California y Texas a Portland el otoño pasado, a pesar de las objeciones de residentes y líderes estatales y locales, llegarán a su fin.
Mary Helen Murguia, presidenta del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, acordó el martes permitir que el gobierno federal retire su apelación de una decisión de noviembre de un juez de instancia inferior que prohibió el despliegue de la Guardia Nacional.
La jueza Karin Immergut, del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Portland y nombrada por Trump, falló a favor de Oregón y la ciudad de Portland en su caso contra Trump, el Secretario de Defensa Pete Hegseth y la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. Su orden de noviembre que prohíbe el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad permanece vigente.
Immergut determinó que la justificación de Trump para el intento de despliegue –que las protestas frente a una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland desde junio constituían una “rebelión” contra el gobierno federal y obstaculizaban significativamente sus funciones– no tenía fundamento. Además, consideró que el intento de desplegar tropas de la Guardia Nacional violaba el código federal y la Constitución de los Estados Unidos.
Los abogados del gobierno federal apelaron inmediatamente la decisión de Immergut. Sin embargo, a finales de enero, cambiaron de rumbo, solicitando al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en una única frase, que les permitiera retirar el caso.
Los abogados de Oregón, la ciudad de Portland y California –que se unió a la demanda de Oregón contra Trump– acordaron no oponerse a la solicitud de desestimación, siempre y cuando los jueces del tribunal de apelaciones garantizaran que la decisión de Immergut se mantendría y que el gobierno federal estaría obligado a cumplirla.
“Esta es una victoria para Oregón y demuestra que nadie está por encima de la ley. El gobierno federal no tenía un caso, los hechos importaron. Nuestras comunidades no serán tratadas como campo de pruebas para un poder federal sin control”, declaró el Fiscal General de Oregón, Dan Rayfield. “La orden de restricción de la jueza Immergut se mantiene y seguiremos defendiendo las leyes de Oregón, nuestros valores y la seguridad de nuestras ciudades, y si el gobierno intenta extralimitarse, no dudaremos en volver a los tribunales.”
Norman Williams, profesor de la Universidad Willamette y experto en derecho constitucional, se hizo eco de las palabras de Rayfield, calificando también la situación como una “victoria para el estado”. Una victoria que no era inesperada. Según Williams, “las señales eran claras” cuando la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó en diciembre en contra de Trump en su intento de enviar tropas de la Guardia Nacional a Illinois.
La instalación de ICE en Portland, en el centro de este caso, es ahora objeto de dos demandas presentadas contra agentes federales por residentes cercanos y por el capítulo de Oregón de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en nombre de manifestantes y periodistas, quienes alegan que ICE y los agentes federales han utilizado fuerza excesiva y gas lacrimógeno contra ellos.
Un juez prohibió recientemente de forma temporal a los agentes el uso de municiones y productos químicos menos letales contra los manifestantes, a menos que los agentes estén en “inminente peligro de daño físico”. La decisión se produjo después de que los agentes utilizaran fuerza excesiva y dispersaran con gas lacrimógeno a multitudes de manifestantes pacíficos, incluidos niños y ancianos.
