PHOENIX (AP) — Un juez federal ha ordenado la toma de control de las operaciones de atención médica en las prisiones de Arizona y nombrará a un funcionario para dirigir el sistema, después de años de denuncias sobre la mala atención médica y de salud mental.
La decisión del jueves del juez del Distrito de EE. UU., Roslyn Silver, se produjo tras su veredicto de 2022 que concluyó que Arizona había violado los derechos de los presos al proporcionar una atención inadecuada que provocó sufrimiento y muertes prevenibles.
Silver escribió que el estado no ha logrado cumplir con las modificaciones ordenadas por el tribunal ni con la Constitución después de casi 14 años de litigio, afirmando que “este enfoque no solo ha fracasado por completo, sino que, si continúa, no sería más que una indulgencia judicial de una conducta inconstitucional profundamente arraigada”.
La jueza señaló que los presos siguen expuestos a una “amenaza grave e inmediata de daño y sufrimiento continuos debido a que las deficiencias sistémicas impregnan la administración de la atención médica”.
The Associated Press dejó un mensaje al departamento de correcciones después de que se emitiera la orden. El estado y los abogados que representan a los presos tienen 60 días para presentar una lista de candidatos para dirigir las operaciones de atención médica y de salud mental en las prisiones.
“Esta decisión significa que una autoridad independiente podrá implementar los cambios sistémicos necesarios para garantizar que la atención médica y de salud mental cumpla con los estándares constitucionales”, dijo David Fathi, uno de los abogados que representan a los presos. “Esta es una intervención que salva vidas y brinda la esperanza de que el sufrimiento prevenible y las muertes que han atormentado al sistema penitenciario de Arizona durante más de una década puedan finalmente terminar”.
Los abogados de los presos afirman que Arizona ha realizado pocas mejoras desde el veredicto y le pidieron a la jueza la medida más drástica de crear una “administración judicial”, argumentando que el sistema sigue roto y que los presos que necesitan atención aún están en peligro.
Durante más de una década, el gobierno estatal ha sido objeto de críticas por la gestión deficiente y despiadada de su sistema de atención médica para los 25.000 reclusos en las prisiones estatales de Arizona.
El estado se había comprometido a reformar los servicios médicos y de salud mental para los presos en un acuerdo de 2014, pero pronto fue acusado de no cumplir muchas de esas promesas. Esto llevó a multas por desacato al tribunal de 2,5 millones de dólares contra el estado y, finalmente, a la revocación del acuerdo por parte de Silver, quien explicó que los funcionarios de correcciones habían mostrado poco interés en realizar los cambios.
La jueza luego falló en contra del estado en un juicio de 2022, emitiendo una orden judicial que exige a las autoridades correccionales que corrijan las violaciones constitucionales.
Si bien los abogados de los presos afirman que el estado carece del liderazgo para cumplir en un plazo razonable, el departamento de correcciones dijo que ha transformado el sistema de atención médica de las prisiones en los últimos dos años, como ampliar el acceso a los tratamientos, aumentar el personal y abrir unidades de alojamiento médico.
Los funcionarios de correcciones afirman que la parte contraria se niega a reconocer sus avances y “se centra en la reputación y las circunstancias del pasado en lugar de reconocer o incluso apoyar el buen trabajo del presente”. Los abogados del departamento afirman que el liderazgo de la agencia ha actuado de buena fe con las órdenes del tribunal.
En septiembre de 2019, los abogados que representan a los presos hicieron una solicitud similar para una toma de control, pero Silver se abstuvo de hacerlo, diciendo que reviviría esa posibilidad si el estado actúa de mala fe o no cumple con las modificaciones ordenadas por el tribunal. Se han ordenado administraciones judiciales anteriores para prisiones en otros estados. En California en 2005, un juez federal tomó el control del sistema médico penitenciario después de encontrar que un promedio de un recluso por semana moría debido a negligencia médica o mala praxis.
La demanda de Arizona no cubre a las casi 10.000 personas encarceladas en prisiones privadas por condenas estatales.
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