Por Euronews Parsi
Publicado el 20/02/2026 – 16:15 GMT+1
Las fuerzas de seguridad iraníes han arrestado al menos a 50.000 personas en todo el país en el último mes, desde la brutal represión de las masivas protestas que han causado miles de muertos, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
Los arrestos se han dirigido contra estudiantes, médicos, abogados, activistas de derechos humanos y menores de edad. Muchas de las personas detenidas se encuentran en paraderos desconocidos, sin acceso a asesoramiento legal ni contacto con sus familias, según informan las organizaciones.
El gobierno iraní ha reconocido una cifra de víctimas mortales de poco más de 3.000 personas, correspondientes a las protestas de los días 8 y 9 de enero. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, basándose en datos hospitalarios, fuentes médicas y testimonios de familiares de las víctimas, elevan la cifra a hasta 30.000 fallecidos, con algunos informes que alcanzan los 43.000.
Las protestas estallaron a finales de diciembre debido a las dificultades económicas y posteriormente se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales más amplias. Las autoridades iraníes impusieron un apagón de internet a nivel nacional el 8 de enero, que se prolongó durante 18 días, con interrupciones que persisten.
Condenas a muerte y confesiones forzadas
Iran Human Rights (IHRNGO), una organización con sede en Noruega, anunció el jueves que al menos 26 manifestantes han sido condenados a muerte en el último mes. Cientos más, incluidos niños detenidos, se enfrentan a cargos que podrían acarrear la pena capital.
La organización ha denunciado que las condenas a muerte se han dictado basándose en confesiones obtenidas bajo tortura y sin el debido proceso. Más de 30 personas han sido ejecutadas en prisiones iraníes solo esta semana, según la Sociedad de Derechos Humanos de Irán.
Algunos manifestantes han sido condenados a muerte en juicios en línea, con 14 personas recibiendo sentencias de muerte en un solo procedimiento de este tipo, según informes provenientes del interior de Irán.
La organización HRANA ha informado de que los medios estatales iraníes han emitido 337 casos de confesiones forzadas y han citado a más de 11.000 personas ante las agencias de seguridad en relación con las protestas.
Mientras tanto, vídeos publicados de funerales de manifestantes muestran a las fuerzas gubernamentales atacando las ceremonias y disparando a los participantes, según grupos de derechos humanos.
Confiscación de bienes
El poder judicial iraní ha anunciado que ha comenzado a confiscar los bienes de las personas que apoyaron las protestas. Los fiscales de varias provincias, incluida Khorasan Razavi, han declarado que se incautará la propiedad de personas destacadas y empresarios que “invitaron e instaron a jóvenes y adolescentes a amotinarse”.
Mohammad Saedinia, propietario del grupo de alimentos y la cadena de cafeterías Saedinia, con más de 500 establecimientos en Irán y 30 países de todo el mundo, fue arrestado tras mostrar su apoyo a las protestas y a las huelgas de los bazares. Todos sus bienes y activos fueron confiscados incluso después de su liberación.
Saedinia había construido un hogar de ancianos en su ciudad natal de Qom con sus propios recursos y es considerado un filántropo en Irán. Las autoridades le obligaron a firmar una carta de disculpa y arrepentimiento, pero aun así confiscaron su propiedad.
Participación forzada en mítines gubernamentales
HRANA ha informado de que se exigió a las familias de los detenidos que participaran en la marcha del aniversario de la Revolución iraní de 1979 y que proporcionaran fotos y vídeos de su asistencia como condición para la fianza, además de compromisos escritos.
Saedinia se encontraba entre los obligados a participar en la marcha.
A pesar de la represión, las protestas de los estudiantes continúan y los eslóganes antigubernamentales persisten en las ciudades por la noche, según informes procedentes de Irán.
