Washington – El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, lo que supone un revés significativo para su agenda económica. La decisión, anunciada el 20 de febrero, establece que la Ley de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles de importación sin la aprobación del Congreso.
El tribunal se pronunció con una mayoría de 6 a 3, con los jueces Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr. Y Brett M. Kavanaugh disintiendo. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, enfatizó que la facultad de imponer aranceles recae en el Congreso, no en el poder ejecutivo. “El presidente invoca una autoridad extraordinaria para imponer unilateralmente aranceles sin restricciones en cuanto a monto, duración o alcance. Dada la magnitud y el contexto constitucional de esa autoridad, debe presentar una clara autorización del Congreso para ejercerla”, declaró Roberts.
Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump ha argumentado que Estados Unidos ha sido objeto de prácticas comerciales desleales por parte de otros países. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha limitado significativamente su capacidad para abordar estas preocupaciones a través de aranceles unilaterales.
A pesar de este revés legal, el presidente Trump ha respondido anunciando nuevos aranceles comerciales el 20 de febrero, los cuales fueron incrementados al día siguiente. Esta reacción ha generado lo que algunos describen como una “caos de aranceles”, según fuentes del Parlamento Europeo.
La anulación de los aranceles existentes podría tener un impacto considerable en las arcas del Estado estadounidense. Un análisis realizado por la Universidad de Pensilvania estima que el país podría verse obligado a reembolsar hasta 175 mil millones de dólares en aranceles recaudados ilegalmente.
La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha anunciado que desactivará todos los códigos arancelarios relacionados con los aranceles declarados ilegales a partir del 24 de febrero. Existe preocupación sobre la posible imposición de aranceles del 25% sobre productos lácteos, aunque se confía en que se mantendrá el acuerdo comercial actual.
