El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo admitió esta semana una solicitud para activar la Directiva (UE) 2024/1260, relativa a la recuperación y decomiso de activos, con el objetivo de confiscar bienes congelados pertenecientes a 69 altos funcionarios del régimen venezolano sancionados por la Unión Europea. Los fondos recuperados se destinarían a un fondo de reparación para las víctimas de la dictadura.
La abogada venezolana Soranib Hernández de Deffendini, quien presentó la petición junto con el jurista Simón Pedro Deffendini, explicó que la directiva de la UE establece que los activos de origen ilegítimo, o relacionados con terrorismo o blanqueo de capitales, podrán ser utilizados para financiar programas sociales.
La solicitud fue aprobada por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo con los votos del Partido Popular y Vox, respaldando la iniciativa de recuperar “los fondos ilícitos obtenidos mediante el saqueo de los recursos públicos del Estado venezolano, transferidos a través de empresas fantasma y testaferros en países europeos”, y utilizarlos para indemnizar a ciudadanos venezolanos y de la Unión Europea afectados.
Si bien el monto total de los activos no ha sido revelado, estas 69 personas vinculadas al chavismo están sujetas a medidas restrictivas de la Unión Europea –congelación de activos, prohibición de recibir fondos y veto de viaje– adoptadas y renovadas por el Consejo de la UE. Además, varios de ellos figuran en investigaciones penales y financieras en Estados Unidos, España, Andorra, Suiza y otros países europeos, relacionadas con casos de corrupción y blanqueo de capitales vinculados a Pdvsa.
Hernández señaló que entre las víctimas se encuentran ciudadanos venezolanos y europeos, incluyendo personas cuyos negocios han sido expropiados, jubilados, pensionados y aquellos sin acceso a medicamentos.
Luz verde a una posible investigación de la UE
En la práctica, la admisión de la petición por parte del Comité de Peticiones implica que la Eurocámara considera que las denuncias y propuestas presentadas se enmarcan dentro de las competencias de la Unión y merecen un seguimiento político e institucional. A partir de esta admisión, el Parlamento puede solicitar informes formales a la Comisión Europea, mantener el expediente abierto, promover debates adicionales e incluso impulsar resoluciones o recomendaciones para que los Estados miembros apliquen los mecanismos de decomiso y reutilización social de activos previstos en la directiva.
La admisión de la petición eleva la discusión a un expediente activo en el Parlamento Europeo, abriendo la puerta a presionar a los Estados miembros para que identifiquen, embarguen, gestionen y, finalmente, confisquen estos bienes, aplicando la Directiva 2024/1260 y explorando su reutilización social en beneficio de quienes han sufrido las consecuencias del saqueo sistemático de los recursos públicos venezolanos. Los abogados subrayan que la gestión del fondo se realizará bajo estrictos parámetros de transparencia, trazabilidad y control institucional, en línea con los instrumentos de justicia restaurativa previstos en el derecho europeo.
