La Junta de Andalucía avanza en su plan para facilitar el acceso a la vivienda, con el objetivo de construir 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los próximos cinco años. Así lo anunció la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante una conferencia en la Cámara de Comercio de Sevilla.
Según la consejera, la inclusión de promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) está siendo clave para acelerar este proceso. De hecho, la UAP ya validó el pasado febrero su primer desarrollo de viviendas, una promoción de 514 inmuebles en Tarifa (Cádiz), de los cuales 283 son protegidas. Actualmente, hay otros nueve proyectos en estudio en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, que suman un total de 20.000 viviendas, con casi 9.000 de ellas destinadas a la protección oficial.
El proyecto más avanzado es el futuro barrio de Villanueva del Pítamo, en Sevilla, donde se prevé la construcción de 9.910 viviendas, 4.199 de las cuales serán de protección oficial. La Junta espera que este barrio se integre pronto en la UAP, convirtiéndose en un motor de expansión para la zona sur de la ciudad, ubicado entre Bellavista y Montequinto (Dos Hermanas).
Para que un proyecto residencial pueda formar parte de la UAP, debe contar con al menos 250 viviendas protegidas o con más de 500 viviendas con suelo reservado para VPO. Además, los promotores están obligados a iniciar la construcción del 50% de las viviendas en un plazo inferior a cinco años.
Balance del decreto
La consejera Díaz destacó que el decreto de medidas urgentes, aprobado hace un año, ha sido una herramienta “valiente” para desbloquear suelos, agilizar trámites, facilitar promociones e incrementar la oferta de vivienda, siempre en colaboración entre el sector público y privado. Una de las medidas clave es permitir a los ayuntamientos aprovechar suelos dotacionales para construir viviendas protegidas, a cambio de una mayor edificabilidad.
Hasta la fecha, 107 municipios andaluces, que representan al 62% de la población (casi 5,5 millones de habitantes), se han adherido a esta norma, respondiendo a la creciente demanda de vivienda en sus territorios. En la provincia de Sevilla, una veintena de municipios, incluyendo Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Coria del Río, Camas, Carmona y la capital, se han sumado a la iniciativa.
En Sevilla, gracias a las medidas del decreto, se podrán iniciar 2.567 nuevas VPO, 1.124 en suelo privado y 1.443 en terrenos públicos. La consejera también resaltó el cambio positivo que ha experimentado la ciudad, con 2.200 viviendas protegidas desde la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía.
La Junta también impulsó la creación de una bolsa de suelos para vivienda protegida el pasado septiembre, identificando terrenos con capacidad para 41.000 inmuebles en las 13 ciudades andaluzas de más de 100.000 habitantes. Este año, se ampliará la bolsa a municipios con mayores necesidades de vivienda. Además, se han agilizado las convocatorias de ayudas a promotores para la construcción de VPO en alquiler asequible, recibiendo solicitudes para 28 promociones y casi 1.400 viviendas en la primera convocatoria, dotada con 37,6 millones de euros.
Plan estatal
“Las personas necesitan estabilidad y seguridad, y la vivienda es la base para construir su proyecto de vida”, concluyó Rocío Díaz, destacando que en el primer año del decreto se ha logrado un aumento del 44% en el número de viviendas protegidas iniciadas en comparación con el año anterior. Este logro se ve reforzado por la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Andalucía, que busca ordenar y dar estabilidad jurídica al trabajo realizado desde 2019.
Finalmente, la consejera reiteró su petición al Gobierno de España para que apruebe urgentemente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, considerándolo un instrumento clave para la financiación de las políticas de vivienda en los próximos cinco años. “Cada mes sin plan aprobado es un mes perdido para jóvenes y familias que necesitan una oportunidad”, advirtió.
