El Tribunal Supremo ha establecido que las empresas, incluso aquellas que no son bancos ni microfinancieras, pueden conceder préstamos con intereses, fijando un tipo de interés máximo del 12%. Esta decisión, basada en una Opinión Legal emitida en diciembre de 2020, ha generado preocupación en el Banco Central, que ha anunciado que analizará la situación con otras instituciones.
Según la normativa, cualquier tasa superior al 12% se consideraría usura, aunque existen excepciones. La presunción de usura se aplica cuando el interés moratorio contratado supera en un 50% el interés moratorio legal (un 50% superior al 8%, o superior al 12%). No obstante, el acreedor puede refutar esta presunción demostrando que no se aprovechó de la vulnerabilidad del deudor, su situación financiera, su imprudencia o dependencia, o que los beneficios obtenidos no son desproporcionados.
El Tribunal Supremo no ha respondido a las consultas realizadas por KOHA sobre esta opinión legal y si podría facilitar la legitimación de prácticas usurarias. KOHA ha informado que las empresas tienen derecho a prestar dinero y aplicar intereses, incluso sin autorización del Banco Central, una práctica similar a la de los bancos comerciales.
El abogado Florin Lata ha señalado que esta práctica podría abrir la puerta a la legalización de la usura. Los préstamos con intereses están definidos en la Instrucción Administrativa para la Aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades, que entró en vigor en 2016. La Administración Tributaria, durante las auditorías, considera como ingresos de la empresa aquellos préstamos que no generan intereses, obligando a las empresas a cobrarlos.
El Banco Central ha reiterado que, según la legislación actual, ninguna entidad puede ejercer actividades financieras sin su licencia. Sin embargo, considera que la práctica de préstamos con intereses por parte de las empresas no encaja dentro de esta regulación, siendo un asunto sujeto a la normativa de otras instituciones públicas.
En un caso reciente, el Tribunal de Comercio de 2025, en una demanda contra TAK, determinó que préstamos concedidos sin intereses fueron considerados como deuda con intereses durante una auditoría. En este caso, TAK calculó un interés presunto sobre el importe reembolsado, aplicando posteriormente el impuesto correspondiente, llegando a un tipo de interés del 13% en uno de los préstamos.
