El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos insta al gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a garantizar la rendición de cuentas, restaurar el espacio cívico y tomar medidas efectivas para garantizar los derechos de todos los nicaragüenses, incluidos aquellos en el exilio.
«La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo», declaró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos Independientes sobre Nicaragua.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende a través de las fronteras para asegurar que nadie –absolutamente nadie– se interponga en el camino del régimen”, añadió.
‘Financiada y estructurada’
Basándose en docenas de entrevistas y una amplia evidencia documental, el informe revela cómo, desde 2018, fondos gubernamentales destinados a asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos han sido redirigidos para financiar operaciones de seguridad violentas, incluyendo la represión de las protestas nacionales de 2018.
“El uso indebido y la desviación de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, miembro del organismo de expertos designado por el Consejo de Derechos Humanos.
“La represión en Nicaragua no es improvisada, está estructurada y financiada corruptamente”, agregó.
Represión más allá de las fronteras
El informe detalla una extensa arquitectura de vigilancia e inteligencia transnacional utilizada para monitorear, intimidar y atacar a cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero. El gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha convertido a miles más en exiliados al negarse a renovar o proporcionar los documentos necesarios, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua.
Otros han enfrentado vigilancia, acoso, campañas de desprestigio, confiscación de propiedades y represalias indirectas contra familiares en el país. “Los co-presidentes han construido un aparato que persigue a los disidentes dondequiera que estén… Nadie está fuera del alcance de este régimen represivo”, afirmó Brody a periodistas en una conferencia de prensa del Consejo de Derechos Humanos el martes.
Al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato de críticos exiliados han sido reportados, incluyendo el asesinato en Costa Rica en junio de 2025 del mayor retirado del ejército y crítico del gobierno, Roberto Samcam.
‘Crímenes de lesa humanidad’
El informe documenta una estructura de inteligencia de múltiples capas que integra al ejército, la policía, las autoridades migratorias, los reguladores de telecomunicaciones y las misiones diplomáticas. La vigilancia digital y el acoso, el hackeo y el doxing se han utilizado para silenciar a los críticos.
“Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a los nicaragüenses exiliados”, dijo Ariela Peralta, del organismo de expertos independientes.
Otra preocupación son las violaciones de derechos de género que “forman parte de una estrategia represiva deliberada destinada a castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su liderazgo de larga data como actores políticos autónomos”, señaló Peralta.
El informe reiteró sus conclusiones previas de que las violaciones cometidas desde 2018 equivalen, en apariencia, a crímenes de lesa humanidad.
‘Rendición de cuentas internacional urgente’
Dado que Nicaragua ha interrumpido la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y se ha retirado de varios organismos de la ONU, el Grupo de Expertos enfatizó que “la rendición de cuentas internacional es más urgente que nunca”.
Los expertos independientes de la ONU instaron a los Estados miembros a movilizar un marco integral de rendición de cuentas, que abarque la jurisdicción universal, las sanciones selectivas y los litigios basados en tratados, al tiempo que garantizan una protección sólida para las poblaciones exiliadas.
