La ambición, la arrogancia y la búsqueda del poder fueron los motores que impulsaron a cuatro hombres acusados en Estados Unidos por el asesinato, en 2021, del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, según argumentaron los fiscales el martes durante la presentación de sus alegatos iniciales.
El juicio en Miami contra Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos acusados de conspirar en el sur de Florida para secuestrar o asesinar al exmandatario haitiano, ha comenzado con la exposición de argumentos tanto de la fiscalía federal como de las defensas.
El asesinato de Moïse desencadenó una profunda inestabilidad en la nación caribeña, exacerbando la violencia ejercida por líderes de pandillas y su creciente influencia.
El fiscal federal adjunto Sean McLaughlin declaró ante el jurado que el caso contra los cuatro acusados es sencillo: buscaban el poder y el enriquecimiento personal. “Tan arrogantes y seguros de sí mismos, según la evidencia que presentaremos, y con tan poco respeto por la República de Haití y su gente, que realmente creyeron que podían lograrlo”, afirmó McLaughlin.
Las defensas, por su parte, sostienen que la investigación inicial en Haití fue deficiente y que sus clientes fueron manipulados para asumir la responsabilidad de un complot interno. “Cuando se empieza con mal pie, todo lo que viene después es difícil de creer”, argumentó Orlando do Campo, abogado de Ortiz.
De acuerdo con documentos judiciales, el sur de Florida fue un centro neurálgico para la planificación y el financiamiento del plan para derrocar a Moïse y reemplazarlo con un candidato elegido por los conspiradores.
Los cuatro acusados enfrentan la posibilidad de una condena a cadena perpetua y se han declarado no culpables.
LOS HECHOS
Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando un grupo de aproximadamente dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, atacó su residencia cerca de Puerto Príncipe, según informaron las autoridades.
Ortiz e Intriago eran directivos de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security (CTU), mientras que Veintemilla era directivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas compañías tenían su sede en el sur de Florida.
Solages era representante de CTU en Haití y, según las investigaciones, coordinó con otros individuos, incluyendo a Christian Sanon, ciudadano con doble nacionalidad haitiana y estadounidense, a quien los conspiradores inicialmente favorecieron como sucesor de Moïse.
Los conspiradores se reunieron en el sur de Florida en abril de 2021 y acordaron que, una vez en el poder, Sanon adjudicaría contratos a CTU para proyectos de infraestructura, seguridad y equipamiento militar. Worldwide Capital se comprometió a financiar el golpe, otorgando a CTU una línea de crédito de 175.000 dólares y enviando fondos a co-conspiradores en Haití para la compra de municiones, según las autoridades.
CTU inicialmente contrató a unos 20 ciudadanos colombianos con formación militar para brindar seguridad a Sanon. Los conspiradores también dedicaron meses a adquirir armas y chalecos antibalas, e intentaron establecer vínculos con bandas criminales haitianas, según las autoridades.
En junio de 2021, los conspiradores determinaron que Sanon carecía de los requisitos constitucionales y del apoyo popular necesarios para asumir la presidencia. En consecuencia, respaldaron a Wendelle Coq Thélot, una exjueza del Tribunal Superior de Haití, quien falleció en enero de 2025 mientras permanecía prófuga.
Los abogados defensores informaron al jurado que Sanon contactó a sus clientes a principios de 2021 con planes para “liberar” a Haití de Moïse, quien había excedido su mandato y enfrentaba críticas de ciudadanos haitianos, políticos estadounidenses y funcionarios de las Naciones Unidas.
Emmanuel Perez, abogado de Intriago, afirmó que el grupo colaboraba con agentes del FBI, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y miembros del gobierno haitiano, creyendo que estaban participando en el arresto legal de un presidente delincuente.
La defensa ha señalado a Joseph Félix Badio, un exfuncionario del gobierno haitiano arrestado en Haití en 2023, como el cerebro detrás de un plan para utilizar el arresto del presidente como pretexto para asesinar a Moïse.
Los abogados defensores sostienen que Moïse ya había sido asesinado por individuos disfrazados de policías haitianos cuando el grupo de seguridad colombiano llegó para ejecutar el arresto.
El grupo poseía una orden de arresto auténtica, firmada por un juez, según Jonathan Friedman, abogado de Solages. El juez posteriormente declaró que firmó la orden bajo coacción, y que ninguno de los acusados tenía conocimiento de ello.
Marissel Descalzo, abogada de Veintemilla, se reservó el derecho a presentar sus alegatos iniciales después de que la fiscalía presente su caso.
Tras los alegatos iniciales, los fiscales llamaron a su primer testigo, la viuda de Moïse. Martine Moïse, quien resultó herida durante el ataque, testificó durante aproximadamente una hora antes de que el tribunal suspendiera la sesión por el día. Se espera que regrese el miércoles.
La jueza federal de distrito Jacqueline Becerra ha reservado más de dos meses para el desarrollo del juicio.
Cinco personas ya se han declarado culpables en Estados Unidos de cargos de conspiración y cumplen condenas de cadena perpetua. Una sexta persona fue sentenciada a nueve años de prisión tras declararse culpable de proporcionar chalecos antibalas a los conspiradores. El juicio de Sanon está programado para una fecha posterior.
Diecisiete soldados colombianos y tres funcionarios haitianos enfrentan cargos en Haití. La violencia de las pandillas, las amenazas de muerte y el deterioro del sistema judicial han obstaculizado el avance de la investigación.
