En Dunaújváros, conocida como la “Ciudad del Acero”, la situación laboral está empezando a pasar factura a la imagen del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, justo antes de las elecciones generales de este domingo.
A pesar de haber promovido la creación de una “sociedad basada en el trabajo” y de haber criticado en el pasado lo que denominó una “mala privatización”, el gobierno de Orbán se enfrenta ahora a cuestionamientos sobre por qué no logró salvar los empleos en sectores clave.
El modelo de intervencionismo estatal de Orbán se ha apoyado históricamente en acuerdos con capitales multinacionales para emplear a la mano de obra húngara, más que en el fortalecimiento de los derechos laborales o de las redes de seguridad social. Si bien esta estrategia fue electoralmente exitosa durante años, el contexto actual —marcado por la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto en Oriente Medio— ha vuelto este equilibrio mucho más difícil de sostener, lo que podría desincentivar la participación de la clase trabajadora en las urnas.
Es cierto que, en la década posterior a su regreso al poder en 2010, la población activa de Hungría creció aproximadamente un 20%. Este avance fue impulsado por la llegada de gigantes automotrices alemanes, un auge en la construcción y programas de “workfare”, logrando que las tasas de empleo superaran la media de la Unión Europea, con un impacto notable en la incorporación laboral de las mujeres y la comunidad Roma.
Este historial de creación de empleo ha sido incluso resaltado por Donald Trump en su respaldo a Orbán. Sin embargo, las contradicciones actuales en ciudades industriales ponen en duda la sostenibilidad de su proyecto económico.
Este reporte, basado en el artículo “In Hungary’s Steel City, Layoffs Hurt Orbán’s Appeal” escrito por David Broder, fue publicado originalmente en The Nation.
